Escuchá la entrevista con Luis Lazarov y Federico Penino, Economistas e investigadores del Observatorio del Sistema de Salud del Uruguay del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE)
El acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema de salud uruguayo. Cada vez más pacientes recurren a la Justicia para obtener fármacos o procedimientos médicos que no están contemplados dentro de la cobertura del sistema, en una tendencia que viene creciendo de forma sostenida en los últimos años.
Los números muestran la magnitud del fenómeno. Los recursos de amparo vinculados a medicamentos y procedimientos de alto costo pasaron de 331 en 2018 a 2.219 en 2025. Y durante el primer semestre de 2026 ya se presentaron 1.328 nuevas acciones, por lo que el Ministerio de Salud Pública estima que este año podría alcanzarse un nuevo récord de judicialización. Hasta el momento, el Fondo Nacional de Recursos financia tratamientos para 45 patologías y 87 medicamentos.
Detrás de cada uno de esos expedientes hay un paciente que reclama acceder a un tratamiento que considera necesario para su salud o incluso para su vida. Pero, al mismo tiempo, el crecimiento de los amparos plantea una discusión de fondo: qué medicamentos deben ser financiados por el sistema, bajo qué criterios se decide su incorporación y hasta dónde puede llegar la capacidad del Estado de afrontar tratamientos cuyo costo puede ser muy elevado.
Un trabajo elaborado desde el Observatorio del Sistema de Salud del Uruguay del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) plantea que el diseño actual del FNR genera una fragmentación del financiamiento que termina afectando la continuidad de la atención y la eficiencia del sistema. Y se propone avanzar hacia la unificación del fondo con el FONASA.
El planteo no supone eliminar las capacidades que desarrolló el FNR —como la evaluación de tecnologías sanitarias, la negociación con laboratorios y el control de los Institutos de Medicina Altamente Especializada—, sino integrarlas a una nueva arquitectura institucional. El objetivo sería que una única estructura financiera cubra la totalidad de la trayectoria del paciente, desde la atención general hasta los procedimientos de mayor complejidad.
El Ministerio de Salud Pública convocó a representantes del Poder Judicial, el Parlamento, prestadores de salud, organizaciones de pacientes, universidades, sociedades científicas y la industria farmacéutica para elaborar una hoja de ruta que tenga en el centro a los medicamentos de alto precio. Así que hoy les propongo conversar acerca de esto con los economistas Luis Lazarov y Federico Penino, ambos investigadores del Observatorio del Sistema de Salud del Uruguay del CINVE.
