En Argentina, el presente y el pasado vuelven a cruzarse en una agenda cargada de temas políticos, judiciales y sociales.
Esta semana se cumplieron 31 años del atentado contra la sede de la AMIA, uno de los hechos más trágicos en la historia reciente del país, y hubo un nuevo acto de homenaje con renovados pedidos de justicia. A su vez, la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman volvió a generar noticias, mientras el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires se recalienta a pocas horas del cierre de listas para las elecciones legislativas de septiembre.
El atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Tres décadas después, las responsabilidades aún no están plenamente esclarecidas. En un acto realizado este jueves, Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, volvió a exigir justicia y reclamó que se avance con el juicio en ausencia a los sospechosos iraníes, una figura jurídica que ya está habilitada en Argentina, pero que encuentra rechazo y obstáculos desde Irán.
También se recordó el atentado previo a la Embajada de Israel en 1992, y se reiteró la acusación contra Hezbollah como brazo ejecutor en ambos casos.
En paralelo, volvió a cobrar relevancia la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida en enero de 2015 tras haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández por encubrimiento en la causa AMIA.
Según informó el corresponsal de Carve en Buenos Aires, Claudio Cardoso, en las últimas horas la justicia dispuso citar a declarar a cerca de un centenar de militares vinculados a tareas de inteligencia, lo que podría arrojar luz sobre las irregularidades que rodearon la escena del crimen.
Cardoso recordó que hubo una cadena de errores y omisiones, con funcionarios como el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, entrando y saliendo del departamento de Nisman sin control judicial, y con llamadas nunca aclaradas. También cuestionó el rol de la fiscal Viviana Fein, quien más tarde reconoció su cercanía al kirchnerismo.
En el plano económico, el gobierno de Javier Milei anunció que inicia el proceso para privatizar AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento. La decisión se inscribe en la línea de ajuste y reducción del Estado que impulsa el oficialismo, pese a que AySA (como otras firmas públicas) cerró el último ejercicio con ganancias. El debate sobre la eficiencia de la gestión estatal o privada vuelve a instalarse.
En la provincia de Buenos Aires, este sábado vence el plazo para la presentación de listas con vistas a las elecciones del 7 de septiembre. La situación es tensa tanto en el oficialismo como en la oposición.
En el PRO, varios intendentes rechazan el acuerdo alcanzado con La Libertad Avanza y se distancian de la conducción nacional del partido, presentando listas «cortas» sin representación provincial.
Del lado del peronismo también hay puja de liderazgos. Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria, influye en las decisiones del PJ bonaerense, conducido por su hijo Máximo. A su vez, el exministro Sergio Massa busca posicionar nombres propios, en tanto el gobernador Axel Kicillof reclama voz y voto en el armado. A pocas horas del cierre, el acuerdo entre las partes aún no está definido.
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