El Poder Ejecutivo presentará en los próximos días al Parlamento el proyecto de ley sobre la Caja de Profesionales que incluye varias medidas para ayudar a esta institución a solventar la crisis financiera que atraviesa. La iniciativa será tratada como grave y urgente por ambas cámaras.
El proyecto propone un mayor porcentaje de aporte de los profesionales activos sobre una nueva escala de sueldos fictos; y crea una “contribución” de los pasivos.
También plantea cambios en el sistema de ajuste del precio de los timbres profesionales, un aporte financiero por parte del Estado (110 millones de pesos al mes) y una reforma en la gobernanza del instituto, que implicará la reducción del número de integrantes del Directorio, pasando de siete a cinco.
Los trabajadores verán un aumento de la tasa de aporte del 18,5% actual al 22,5%. Se establecerá una cláusula por la cual los activos podrán elegir no pagar el aumento de los aportes, con su correspondiente afectación en sus ahorros.
Los jubilados, por su parte, deberán comenzar a pagar una tasa escalonada con cinco categorías “de acuerdo a lo que reciben”. El proyecto establece que quienes reciban una jubilación de hasta $39.456 no pagarán, quienes reciban más de ese monto y menos de $65.760 pagarán el 2% y un aporte del 7,5% para quienes cobran hasta $98.640. Las tasas más altas son de 10% y 12% de aportes.
El proyecto también establece un cambio en la gobernanza debido a que bajará de siete a cinco la cantidad de directores de la institución, de los cuales tres serán elegidos por los afiliados y dos designados por el Poder Ejecutivo.
Se trata de una actividad que por, lo menos, comprende a 190.000 afiliados, según datos al cierre del 2024, 63.600 activos y casi 110.000 que han declarado el no ejercicio. Además, hay casi 16.000 jubilados y 5.000 pensionistas.
El presidente de la Caja de Profesionales, Daniel Alza, habló con Informativo Carve del Mediodía sobre este proyecto y cómo se buscarán implementar los cambios establecidos en este.
Alza afirmó que se trata de “una respuesta fuerte, integral, potente y solidaria” a la profunda crisis financiera que enfrenta la institución.
También defendió la necesidad de aprobar este salvataje estatal y advirtió sobre el riesgo de quiebra si no se avanza con urgencia: “Estamos a tiempo, pero no dentro de cinco años”.
“Tenemos que cambiar la lógica del sistema”, sostuvo Alza. La propuesta contempla subir la tasa de aportación personal de los activos de 16,5% a 19%, y la de los jubilados del 0% actual al 8%, una medida que puede generar resistencias pero que el presidente de la Caja considera inevitable: “No hay sistema de seguridad social donde no contribuyan los pasivos”.
En este sentido, agregó que “nadie puede pensar que con un 16,5% de aporte de los activos se puede sostener un sistema jubilatorio”.
Además, la iniciativa incluye un rediseño del sistema de timbres que gravan el ejercicio profesional, ajustándolo a los nuevos perfiles laborales y con el objetivo de combatir la evasión. “Estamos proponiendo un esquema de timbres más racional y más justo, con un énfasis muy fuerte en la fiscalización, con convenios con DGI y BPS, y con la posibilidad de sanciones para quien no paga”, resaltó.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la creación de un fondo de sostenibilidad, que será alimentado por rentas generales. Para Alza, este apoyo del Estado es indispensable y está en línea con lo que ocurre en otras cajas paraestatales. “Esta no es una solución mágica. Es una solución que involucra al Estado, pero también involucra a los profesionales activos y a los pasivos”, enfatizó.
El aporte estatal se establece como una transferencia anual equivalente al 0,24% del PIB, lo que ronda los 140 millones de dólares. Alza reconoció que es una cifra importante, pero sostuvo que el FONASA implica un 4,5% del PIB. “En este caso estamos hablando de 0,24% para darle sostenibilidad a un sistema que es pilar de la seguridad social del país”, señaló.
Por otra parte, cuestionó el diseño actual de la Caja, al que calificó de “injusto, regresivo y disfuncional”. Apuntó especialmente a las inequidades internas: “El sistema ha generado privilegios. Hay jubilaciones altísimas que no fueron financiadas con los aportes correspondientes, mientras hay profesionales que cobran jubilaciones de 30.000 pesos”.
También cuestionó la histórica falta de control. “No teníamos instrumentos de fiscalización. Tenemos miles de profesionales que no aportan nada, y eso no puede pasar más”.
En la misma línea, defendió los cambios en la gobernanza propuestos en el proyecto, que reducen el número de directores y establecen un balance entre los representantes técnicos y los delegados del colectivo profesional. “No podemos seguir con una dirección integrada solamente por electos de la corporación. Tiene que haber una mirada más técnica”, argumentó.
Consultado sobre los plazos y los riesgos de no avanzar con esta iniciativa, Alza fue tajante y dijo que “si no se aprueba el proyecto, el sistema revienta. Hay 18.000 pasivos que pueden quedarse sin cobrar. Estamos a tiempo, pero no dentro de cinco años. No tenemos margen”.
Además, enfatizó que esta reforma es un punto de partida, no un cierre. “No hay una bala de plata. Esto es parte de un proceso. Si no hacemos nada, vamos a tener que asumir un pasivo implícito mucho mayor”, apuntó el profesional.
Finalmente, Alza hizo un llamado a discutir el proyecto con responsabilidad y sin mezquindades políticas. “Esto no puede ser un toma y daca. Es un problema país. Estamos dando la cara, proponiendo una solución integral y sustentable”, resaltó.
Escuchá la entrevista completa.
En Soundcloud:
En Spotify:
