Más de la mitad de los cigarros de contrabando en Uruguay se venden en comercios formalmente establecidos, mientras que el 21% de las cajillas adquiridas en Montevideo y el área metropolitana provienen del mercado ilegal.
Estas cifras forman parte de un estudio realizado por la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS) y la Universidad de la República (Udelar). Basado en una encuesta presencial a 801 fumadores mayores de edad, el relevamiento se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2024.
En entrevista con Informativo Carve Fin de Semana, Diego Rodríguez, sociólogo, investigador e integrante de OMIS, analizó los resultados del informe y sus implicaciones.
El estudio revela que el 54% de los cigarros de contrabando se comercializan en negocios formalmente establecidos, como kioscos, almacenes y estaciones de servicio. Rodríguez calificó este dato como «sorprendente», ya que contradice la percepción común de que estos productos circulan exclusivamente en mercados informales.
Según Rodríguez, esta situación evidencia fallas importantes en la fiscalización. «En 2019 había 13 fiscalizadores dedicados exclusivamente al control del tabaco, pero en 2021 quedaron solo 3, lo que dificulta enormemente los controles», explicó.
El informe también pone de manifiesto el peligro que representa el contrabando para los jóvenes, quienes suelen ser el principal objetivo de la industria tabacalera. El 89% del consumo de cigarros de contrabando en personas de 18 a 29 años corresponde a productos saborizados. «Estos productos están diseñados para facilitar la iniciación al tabaquismo, y el inicio promedio en Uruguay ocurre a los 14 años», señaló Rodríguez.
Además, destacó que esta situación no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también agrava la carga del sistema de salud pública. «Los recursos no percibidos podrían destinarse a combatir enfermedades asociadas al tabaquismo, como problemas cardiovasculares y pulmonares, que generan costos significativos para el Estado», afirmó.
El investigador también criticó la falta de implementación del Protocolo para Eliminar el Comercio Ilícito de Tabaco, ratificado por Uruguay en 2014. «Es necesario aplicar este protocolo para combatir eficazmente el contrabando y proteger tanto la economía como la salud de los uruguayos», subrayó.
Rodríguez se refirió al cambio de gobierno en 2025 y resaltó la posible llegada de figuras comprometidas con las políticas de control del tabaco, como la senadora electa Cristina Lustemberg. «Ellas conocen el problema y saben dónde deben enfocar los esfuerzos para aplicar soluciones efectivas», comentó.
El estudio de OMIS y UdelaR destaca la urgente necesidad de reforzar las políticas de control, mejorar la fiscalización y aumentar las campañas educativas.
Escuchá la entrevista completa de Informativo Carve Fin de Semana a Diego Rodríguez, sociólogo, investigador e integrante de Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS).
