Mientras el conflicto en la industria pesquera continúa paralizando la actividad desde el 27 de mayo, el Parlamento sigue sin lograr avances concretos.
El diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, lamentó que aún no se haya podido encontrar una salida, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, y de la intervención del secretario de Presidencial, Alejandro Sánchez.
Juri detalló que durante la sesión de este miércoles la comisión recibió al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y a representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA). En esta instnacia, el gremio confirmó que el convenio colectivo vigente hasta 2027 está siendo incumplido. “Nos dijeron que los trabajadores se cansaron a mitad del convenio y ahora piden un marinero más por turno, para poder descansar. Eso es lo que nos transmitieron”, señaló.
El diputado también criticó que el acuerdo haya sido firmado en forma bipartita, es decir, entre empresas y sindicato, sin homologación del ministerio. Esto, sostuvo, limita la capacidad de intervención oficial. “Cuando un sindicato para, se paraliza toda la cadena: la pesca, las plantas procesadoras, el transporte y el congelado. La pérdida es total. Lo que no se pesca, se pierde”, subrayó.
Además, advirtió que muchos trabajadores zafrales en plantas de procesamiento no cuentan con seguro de desempleo, y al no estar representados por el sindicato quedan al margen de las negociaciones. Juri insistió en que se necesita coordinar un abordaje intercomisiones entre Ganadería, Industria y Trabajo, pero reconoció que ese paso todavía no se concretó.
En paralelo, el diputado Adrián Juri promueve un proyecto de ley que busca modificar el artículo 347 del Código Penal, elevando las penas por el delito de estafa, cuya incidencia se ha disparado en la última década. Según datos que presentó, las estafas pasaron de 1.500 casos en 2015 a más de 35.000 en 2024.
“El mínimo actual es de seis meses y el máximo de cuatro años, lo cual es totalmente insuficiente. Queremos llevar la pena máxima a ocho años, como se aplica en casos de peculado contra el Estado”, sostuvo. Además, propone introducir agravantes para estafas contra adultos mayores, personas con discapacidad y montos elevados, en línea con modelos internacionales.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la bancada colorada y se está negociando con legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional, comenzará a tratarse la próxima semana en la Comisión de Constitución y Códigos. Allí, solicitarán la comparecencia de la Cátedra de Derecho Penal para analizar la propuesta técnicamente y considerar ajustes.
Juri hizo referencia al caso Conexión Ganadera, como ejemplo paradigmático. “Estamos hablando de una estafa de más de 400 millones de dólares. Hoy, con el marco actual, los responsables podrían recibir penas mínimas, con prisión domiciliaria. Incluso hay casos de estafadores que siguen operando desde sus casas”, indicó.
Por otra parte, el legislador informó que presentó dos pedidos de informes, uno sobre el abastecimiento de medicamentos en ASSE, tema central en la campaña anterior. El otro refiere a la suspensión de la ley que regula las licencias médicas de los funcionarios públicos, tras el acuerdo entre el Ejecutivo y COFE.
En cuanto a su trabajo en la Comisión de Adicciones, reconoció que la misma recién comienza a funcionar y que esperan recibir a colectivos sociales en las próximas semanas.
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