El concepto de Fair Share (participación justa) en telecomunicaciones se refiere a que las grandes compañías de contenido y aplicaciones que generan un tráfico significativo en internet deberían contribuir económicamente al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura que permite dicho uso.
Es muy importante separar el Fair Share de la discusión respecto al contenido mismo que genera el tráfico y por supuesto el uso que se le da a los servicios y este contenido. Dado que esta discusión genera otros reparos y escenarios de regulación que pasan por cuestiones como la privacidad, calidad, conveniencia, censura, procrastinación, discusiones sobre trivialización del contenido, aspectos psicológicos como la adicción a Internet, el síndrome del “miedo a perderse de algo”, el llamado FOMO (Fear of Missing Out) y un largo etc. Incluso la discusión sobre la Neutralidad Tecnológica pasa por otras vías de análisis, si bien el Fair Share si anida la discusión sobre la Neutralidad de la Red (que no es lo mismo que la tecnológica) y abordaré más adelante.
La primera pregunta que surge es si estas compañías ya no aportan a la infraestructura en cuestión, éstas invierten en la infraestructura de base de telecomunicaciones y particularmente Internet, son las mayores responsables de los cables submarinos, los mayores y más sofisticados centros de datos del mundo, las redes de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés), los más significativos aportadores a los estándares y mejoras a los protocolos de comunicación empleados, todo ello para transportar sus contenidos hacia los usuarios y por supuesto clientes, entre los cuales están no solo el resto del sector privado sino gobiernos, la academia, la sociedad civil y paradójicamente las empresas, organizaciones públicas y de telecomunicaciones de los países que no poseen la capacidad financiara de inversión para desarrollar su propia infraestructura de contenido.
En otras palabras, la totalidad de los países en vías de desarrollo y otros en situaciones más avanzadas, dependen y son usuarios de los grandes hitos de la infraestructura de telecomunicaciones que estas compañías han desarrollado y compartido.
Muchas veces de manera local en los países, tenemos la idea equivocada de que un usuario individual o institucional se conecta a Internet a través de las empresas de telecomunicaciones o ISP nacionales, cuando en realidad, y particularmente en Latinoamérica, las empresas locales, públicas o privadas, son meros clientes de otras en una cadena de proveedores denominados los Tiers, existiendo Tier 1, 2 y 3, además de los grandes nodos de Internet a los que se les ha denominado NAPs (Network Access Point) y los IXPs (Internet Exchange Point), a veces se utilizan como sinónimos pero en realidad los NAP se focalizan en la conectividad a las redes troncales y los IXPs al intercambio de tráfico.
Démosle ejemplos y nombres, IXPs son por ejemplo DE-CIX (Fráncfort), AMS-IX (Ámsterdam), LINX (Londres), NAP Brasil (São Paulo); Tier 1 son AT&T, Verizon, CenturyLink, NTT Communications, Telia Carrier; Tier 2 son Comcast (EE. UU.), Orange (Francia), Vodafone (Reino Unido), TIM (Italia), Oi (Brasil), Tigo (Colombia), en nuestro caso para ANTEL, su DataCenter «Ing. José Luis Massera», próximo a la ciudad de Pando en Canelones, es Tier 3.
No podemos dejar de mencionar cómo se gestiona Internet en sí, siendo que lo que refiere a nombre de dominios y direcciones está en manos de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) y la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), a nivel de estándares están el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF), la Junta de Arquitectura de Internet (IAB), el Grupo de trabajo de investigación de Internet (IRTF – Internet Society), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-ONU) y sus grupos UIT-T y UIT-R y por otro lado el World Wide Web Consortium (W3C). Por supuestos restan mencionar muchas otras organizaciones, estos son solo ejemplos.
Lo que primero podemos concluir es que ninguno de estos incunventes es gubernamental, en ningún país. A nivel de infraestructura se trata de compañías privadas y respecto a la gobernanza de Internet se trata de organizaciones globales de la sociedad civil. Dicho de otra manera, ninguna de las grandes inversiones en materia de infraestructura de conectividad global es hoy gubernamental, salvando algunas excepciones donde, por ejemplo, algunos gobiernos han invertido como socios en cables submarinos o subsidiando la implantación de algún IXP en materia de impuestos y otras facilidades.
Es muy importante comprender este ecosistema de organizaciones y compañías para poder contextualizar correctamente el Fair Share y las ideas e intenciones detrás de este concepto.
Yendo a las implicancias económicas, inversiones y costos, podemos partir de las redes de intercambio y entrega de contenido (CDN) como Akamai o Cloudflare, los NAP y los IXP, incluyendo proveedores de servicios de nube como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure, tanto para datos como aplicativos, estos acuerdos, denominados de peering, se desarrollan en una modalidad de cooperación, siendo la inmensa mayoría sin que signifiquen erogaciones entre las partes intervinientes.
El argumento de que las grandes compañías de tecnología invierten en infraestructura es refutado por la GSMA Intelligence (reporte de diciembre de 2024), aludiendo a que, según esta, en 2022, las plataformas de internet invirtieron aproximadamente US$ 7.600 millones en las funciones de transporte y distribución de las redes, mientras que las inversiones de capital de los operadores de red ascendieron a US$ 200.000 millones.
Desde la otra vereda puede decirse que Meta invirtió en 2024 más de US$ 30.000 millones en infraestructura y en este 2025 anunció que invertirá US$ 52.300 millones en infraestructura digital, obviamente el mayor presupuesto se lo llevó la infraestructura de inteligencia artificial, que posibilita innumerables servicios de sus plataformas como Facebook, WhatsApp o Instagram. En este 2025, la empresa Microsoft planea invertir US$ 80,000 millones en centros de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial y desarrollar aplicaciones en la nube. Amazon está invirtiendo masivamente en su infraestructura de DataCenter a través de Amazon Web Services (AWS), se espera que invierta US$ 96.400 millones en 2025. Google planea invertir US$ 62.600 millones en 2025, con un enfoque en mejorar sus productos como su buscador Google y YouTube.
Y aquí continúa la paradoja, todas estas plataformas y servicios son los codiciados por los usuarios finales, tanto particulares como institucionales y es por ellas las que contratan a los operadores de telecomunicaciones planes de conectividad mas caros, con mas ancho de banda, etc.
Si vamos a infraestructura de telecomunicaciones global, podemos citar a Google. Entre sus proyectos más destacados se encuentra Firmina, el cable submarino más largo del mundo, con una extensión de 13,500 kilómetros. Este cable conecta Estados Unidos (Myrtle Beach, Carolina del Sur), Brasil, Uruguay y Argentina. A su vez Meta planea un cable submarino denominado “W” de 40.000 kilómetros (destronará a Google) con una inversión de US$ 10.000 millones. Trasladando esta inversión a Firmina, del cual no se conoce el dato cierto, nos aproximamos a los US$ 3.000 millones.
Retomando el contenido, supongamos que retiramos, en un caso hipotético, a los grandes actores que producen los contenidos mas consumidos en Internet y aquellos que han desarrollado aplicativos y plataformas que son los mas utilizados y por ende generan el mayor tráfico. ¿Alguien, usuario privado o institucional, contrataría conectividad sobre la infraestructura local nacional de telecomunicaciones para conectarse a Internet?
Si no hay nada para consumir o nada atractivo para ejecutar como aplicativo, es claro que el servicio de conectividad pasa a un plano meramente organizacional y formal para aspectos como transacciones económicas, información e interoperabilidad pública y global, sin llegar a transformarse en un servicio marginal, el usuario privado sólo accedería para consumir servicios obligatoriamente en línea para su vida personal, relacionamiento con su gobierno, empresas y proveedores, etc. Claro que esto es una distopia, pero vale plantearse el Fair Share con este escenario supuesto. Si esta fuera la realidad, seguramente no estaríamos hablando ni discutiendo del tema.
El consumo de vídeo en línea representa una porción significativa del tráfico de Internet. En 2012, se estimaba que el vídeo en streaming ya suponía el 60% del tráfico, según datos proporcionados por la empresa tecnológica Qwilt.
En 2022, el informe global de fenómenos de Internet de Sandvine reflejó que el 65% del tráfico de Internet correspondía al streaming de videos, lo que supone un aumento del 24% con respecto al año anterior. Ericsson en su informe “Mobility Report: Streaming video” estimó que el tráfico de video representó el 74% del total para finales de 2024. Por último, NERA Economic Consulting en su informe “Implicaciones de la concentración del tráfico IP en OTT” estima que el tráfico de video en general podría alcanzar el 80% del tráfico total mundial para 2028.
De acuerdo con los análisis recientes del tráfico celular, entre 2016 y 2023, el total en redes móviles de Latinoamérica se incrementó 17 veces, con una tasa de crecimiento anual del 50%. Se proyecta que para 2030 el incremento anual alcance los 45 exabytes respecto al año precedente, casi triplicando los 16 exabytes registrados en 2023, cifra que ya representaba un récord histórico en crecimiento anual.
Tres compañías, Meta, Google y TikTok, generaron más del 70% del tráfico de descarga en Latinoamérica en 2024, estos datos según GSMA Intelligence.
Estas grandes compañías tecnológicas, como las mencionadas, bajo la visión del Fair Share, no pagan (de ninguna manera) por utilizar la infraestructura, el espectro radioeléctrico y las redes móviles nacionales. ¿O deberíamos asumir que sin los contenidos y servicio de estas compañías detrás, contar con telefonía móvil y un smartphone sería completamente secundario para los usuarios de Internet?, sin olvidar el servicio básico de telefonía, el cual prácticamente es hoy inexistente frente al uso de servicios como Skype, Telegram, Signal, WhatsApp y otros aplicativos de mensajería y telefonía de VoIP (voz sobre el protocolo de internet), a lo que debemos sumar otras plataformas más extensivas en prestaciones como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Discord y otras.
Podemos plantearnos otro escenario hipotético y preguntarnos si alguno de los gobiernos de Latinoamérica tiene la capacidad de desarrollar la infraestructura tecnológica y el software, para implementar un aplicativo o servicio similar a cualquiera de los mencionados para desplazar a estas grandes compañías de tecnología y que el consumo del tráfico pase a manos de productos y servicios propios gubernamentales, o incluso al sector privado, académico o sociedad civil nacional.
Probablemente terminaríamos con una lista muy pequeña de países (menos de 3 en 20) que podrían hacer esto realidad, pero para que eso se dé, y si de gobiernos hablamos, las prioridades de inversión y gastos deberían, en Latinoamérica, dejar de lado prioridades hoy mas urgentes como seguridad pública, asistencia social y de salud, inversiones en infraestructura de obra pública, etc.
Cabe la pregunta ¿Por qué hasta ahora ni los países de Latinoamérica o siquiera muchos países desarrollados han optado por emprender ellos mismo a través de sus gobiernos, el desarrollo de estos servicios y aplicativos?, vamos a encontrar raras excepciones como China con la plataforma WeChat, pero incluso en este caso, WeChat fue desarrollada por Tencent Holdings Ltd., obviamente con apoyo gubernamental, pero no deja de ser una empresa privada con accionistas como Naspers/Prosus (Sudáfrica), el fundador de la empresa Ma Huateng (Pony Ma), el fondo de inversión Blackrock y otros.
Una paradoja del tráfico en Internet es que gran parte proviene de descargas automáticas de contenido no consumido o no solicitado, como spam, anuncios y videos en auto-play. Este tráfico beneficia a las grandes compañías y anunciantes, pero perjudica a otros actores de la ecuación al aumentar la necesidad de más ancho de banda y capacidad de infraestructura.
Los primeros perjudicados son los operadores de telecomunicaciones, que ante el crecimiento del tráfico tienen que, o bien, aceptar una mayor congestión en sus redes o invertir más para expandir su capacidad. Asumir un mayor costo es complejo en las condiciones de mercado actuales, donde el ingreso por gigabyte ha decrecido a un ritmo anualizado de alrededor de un 15 %, pasando de unos US$ 12 por gigabyte hace casi 10 años a márgenes que no superan los centavos por gigabyte en la actualidad. Según Statista, para datos del 2023, Colombia es el país con el gigabyte más barato de Latinoamérica con US$ 0,20, seguido por Uruguay con US$ 0,28. Basta suponer los márgenes de ganancia a estas tarifas. Lo que no se dice es que cada gigabyte no reditúa ganancia solamente por sí, sino que ese gigabyte fue consumido a través de contenido o servicios que pueden tener implícitos otras fuentes de ganancias para los operadores o terceras empresas.
Sin inversión, la experiencia del usuario final se ve afectada por una navegación lenta o llena de contenido no solicitado. Esto lleva a cuestionar, por parte del usuario cliente, la inversión en cuotas de conectividad contratadas y provoca que tanto el usuario como sus proveedores intenten bloquear y desbloquear publicidad, así como decidir si permitir o no las cookies, navegar a través de un VPN, etc., generando una serie de acciones y reacciones que afectan en si la relación de cliente–proveedor, pero sobre todo atenta contra la satisfacción en el uso y consumo de los servicios de Internet.
Una realidad que no puede ser ignorada y que es en gran medida responsable del aumento en la discusión sobre el Fair Share es que, en la actualidad, los operadores de telecomunicaciones se encuentran en un modelo de mercado casi unilateral. Estos operadores obtienen ingresos únicamente por el uso de las redes de los clientes finales (particulares o institucionales) y no de los proveedores de contenidos. Además, se debe mencionar que varios operadores han diversificado sus servicios mediante acuerdos con plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o aplicaciones como Whatsapp (Meta) entre otras, ofreciendo estas plataformas de forma gratuita al usuario final si éste accede a contratar ciertos planes.
Estas medidas contravienen el principio de la Neutralidad de la Red, e incluso se han hecho observaciones respecto a que podría tratarse de una competencia desleal para operadores de televisión por abonados, sin embargo, esta cuestión parece secundaria respecto al desafío de mantener un negocio sostenible.
Haciendo la precisión de que, al hablar de Neutralidad de la Red, nos referimos a que todo el tráfico de Internet debe ser tratado con plena igualdad por pate de los operadores de telecomunicaciones u otros actores en el ecosistema de la infraestructura de comunicaciones, sin discriminación por contenido, origen, destino, dispositivo, aplicación, productor o responsables detrás (obviamente refiriéndonos al tráfico legal).
Sin dudas esta situación está limitando la capacidad de los operadores para mantener y mejorar las redes. En un pensamiento lineal incorrecto, dicen los defensores del Fair Share, que las inversiones en mejoras de la infraestructura de los operadores son en pro de facilitar y mejorar la calidad del tráfico y contenidos que no les es propio derivado de sus servicios. Como vimos hasta aquí, este razonamiento no puede ser sostenido de forma de plantear esta cuestión en blanco y negro.
Si bien es cierto que los operadores podrán verse obligados a mejorar el ancho de banda y latencia para que el usuario final disfrute de servicios ajenos a los operadores como streaming y otros, es cierto también que el usuario final contrata los planes de conectividad por que desea disfrutar de esos servicios. Y es así como podemos caer en una discusión del “huevo y la gallina”, sin contenido o servicios atractivos, ¿el usuario final contrataría planes de conectividad más caros, de mayor ancho de banda o que incluyan acceso gratuito a esos contenidos o servicios de terceros?.
Sin embargo, el concepto de Fair Share también puede ser interpretado de maneras que no siempre resultan equitativas, y a veces, las discusiones en torno a este tema pueden recordar escenarios similares a los de Robin Hood. Por ejemplo, se argumenta, como ya vimos, que los operadores de redes no obtienen beneficios significativos del tráfico generado por las grandes compañías de contenido, mientras que estas últimas obtienen ingresos sustanciales. Por lo tanto, deberían compartir sus ganancias.
Muchas de las organizaciones globales responsable de la gobernanza de Internet se oponen a Fair Share. Internet Society (https://tinyurl.com/24dykysp), Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) (https://tinyurl.com/2ywcc3n9), la Alianza por una Internet Abierta en América Latina y el Caribe (AIA-LAC) (https://tinyurl.com/28dx3u24), asociación de Proveedores da América Latina y del Caribe (LAC-ISP) (https://tinyurl.com/22c4dcwh), entre los promotores del Fair Share está la Asociación GSMA (https://tinyurl.com/249r5o7g) y por supuesto los operadores de telecomunicaciones de varios países.
El Fair Share es todo un desafío, ya no sólo por la búsqueda de un uso eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones sino desde una perspectiva comercial y legal, pero el factor más importante es la libertad de la red y la neutralidad de esta.
Una solución surgirá sin dudas de las experiencias ya ensayadas, proyectos y tentativas en materia regulatoria, nada fácil será el camino, pero está claro que no se puede discutir el tema si detrás se manejan argumentos o información parcializada o sesgada.
La solución al desafío del Fair Share probablemente requiera un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores del ecosistema digital. Será factible y beneficioso que se establezcan acuerdos comerciales para que todas las partes obtengan beneficios en proporción a su contribución en infraestructura, contenido u otros servicios.
También es necesario optimizar el tráfico, implementando prácticas que reduzcan el tráfico innecesario y mejoren la eficiencia en el uso de la red. Además, se necesita un marco de políticas públicas que desarrolle regulaciones para garantizar una distribución equitativa (NO igualitaria) de los costos de infraestructura sin afectar la innovación ni la Neutralidad de la Red.
Finalmente, es imprescindible observar de manera detallada y exhaustiva todo el ecosistema que subyace a las telecomunicaciones, y en particular a Internet. Es fundamental reconocer a cada actor involucrado y su contribución específica, la cual no puede ser interpretada de manera lineal y simplista, debido a que las interrelaciones y los impactos de sus acciones son multicausales y afectan aspectos que frecuentemente no son evidentes a simple vista.
Mauro D. Ríos
