El titular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), Luis Parodi, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a los desafíos que enfrenta el organismo en la tarea de acompañar a las personas que egresan del sistema penitenciario.
“Era un absurdo que estuviera en el Ministerio del Interior”, dijo al referirse al histórico encuadre institucional de la Dinali, que ahora forma parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Parodi destacó que la inserción social tras la prisión implica mucho más que conseguir un empleo o una vivienda. “Hay que armar circuitos de socialización, un entramado donde la persona pueda pelear la vida. Solo con laburo y vivienda no alcanza”.
En ese sentido, remarcó que el objetivo de la Dinali es generar proyectos que les permitan a las personas reorganizar su vida tras la prisión. “Sin proyectos no hay posibilidad de reacomodo en los carros, que es la vida”, resaltó.
Actualmente, hay 16.000 personas privadas de libertad y otras 10.000 en régimen de libertad vigilada. Si se considera el impacto en su entorno cercano, Parodi estima que la situación carcelaria afecta directamente a unas 180.000 personas en Uruguay. “Estamos en un lío social importante, pero por primera vez en muchos años siento que hay cierta conciencia compartida de que si no se mejora el sistema carcelario, la seguridad va a seguir siendo un problema”, advirtió.
El director de la Dinali reconoció que todavía falta información precisa para delinear políticas más efectivas. En 2023 se realizaron unas 5.000 entrevistas a personas liberadas, pero no hay datos certeros sobre cuántas de las 10.000 que egresan cada año entran efectivamente en contacto con la institución.
Con apenas 94 funcionarios en todo el país, uno por departamento en el mejor de los casos, la Dinali enfrenta limitaciones importantes. Sin embargo, Parodi evitó pedir más recursos sin antes definir con claridad qué se quiere hacer. “Primero vamos a definir qué queremos y cómo, y después vemos qué recursos necesitamos. No al revés”, indicó.
Consultado sobre quienes piensan que no hay que gastar recursos en recuperar a quienes han delinquido, dijo que “el Estado no puede pensar eso, y tiene la responsabilidad de dejar todas las propuestas posibles para que esto no sea así. Si el Estado se entrega, gana el que no respeta derechos”.
En relación a la alta reincidencia (más del 70%), Parodi asumió que es una responsabilidad compartida del Estado, la sociedad civil y las políticas públicas. “La democracia está en un lío con esto. No puede ser plena si tiene a una parte de su gente viviendo en el subsuelo humano de la exclusión”, agregó.
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