Legisladores del oficialismo y de la oposición se reunirán esta tarde con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales que presentó el Poder Ejecutivo.
Según lo previsto, el texto será votado en comisión especial de Diputados el lunes, y en el Pleno a mediados de semana.
El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre este asunto, y se mostró optimista de que se llegue a un acuerdo, pero advirtió que “la ciudadanía no merece que la carguemos más”.
Los partidos de oposición presentaron una contrapropuesta que elimina el impuesto a los pasivos, baja los aportes de los activos y plantea mayor asistencia estatal.
Asimismo, señala la necesidad de actualizar los timbres profesionales por el Índice Medio de Salarios. Según los cálculos de la oposición, las medidas generarían ingresos por 136 millones de dólares en 2026.
En tanto, el Poder Ejecutivo presentó cambios a su propio proyecto, en busca de consenso. Se mantiene el régimen de incompatibilidad para jubilados, aunque será más flexible con el tiempo.
Además, el gobierno propuso que a partir de enero de 2026 el valor de los timbres profesionales se ajuste considerando la variación de precios de los 12 meses previos a septiembre. En tanto, se ratifica la garantía estatal para que la caja pueda endeudarse.
A todo esto, el directorio de la Caja advirtió que no podrá cumplir con sus obligaciones en julio, y pidió con urgencia una solución legislativa.
El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, dijo a Informativo Carve del Mediodía que el proyecto del Ejecutivo “graba mucho la situación de los activos y de los pasivos”, y agregó que se trata de una iniciativa “inconstitucional”, porque le pone una doble imposición a los jubilados.
Para Salle el Estado tiene “un problema estructural” porque viene implementando “una política de privilegiar a través del gasto tributario a las grandes corporaciones”, y esto, según su perspectiva, repercute directamente en todo el sistema porque “el dinero no alcanza”.
“Las grandes corporaciones son muy poderosas y para el Frente Amplio es mucho más cómodo castigar al jubilado, que está en una situación de alta vulnerabilidad, y castigar al activo, que curiosamente es muy negligente. El Poder Ejecutivo le pega al activo, le pega al pasivo y no quiere introducir en esta ecuación a unas instituciones que están ganando fortunas, que son las AFAP”, opinó.
Agregó que el Frente Amplio protege a las AFAP y los partidos que integran la coalición tampoco quieren enfrentarse a ellas.
“Nosotros no votamos, ni en general ni en particular, en tanto y en cuanto aquí no pague más el que tiene más, y en este caso son las AFAP, que tienen unas ganancias brutales, obscenas”, resaltó.
El diputado también dijo que en este asunto existe “una brutal responsabilidad” tanto del gobierno como de la oposición que no tomaron medidas para adelantarse a este tema, cuando tienen representantes en la Caja de Profesionales.
También cuestionó que durante el período pasado el Frente Amplio no haya votado la iniciativa presentada por la administración pasada, y que ahora presente un proyecto que, de acuerdo a su criterio, es “más gravoso” que el anterior.
“La administración de la Caja de Profesional ha sido un desastre desde hace años, entonces ahora a mí, como diputado, no me vengan a poner plazos, háganse cargo, que consiga dinero como consigue el Poder Ejecutivo para pagarle a UPM la vía o como consigue para comprar una estancia de 32 millones de dólares que es más que una estancia, parece una spa”, expresó.
“El Estado va a poner plata, no tiene más remedio, porque es un imperativo constitucional, artículo 67 de la Constitución de la República”, añadió.
Respecto a la propuesta de la oposición, Salle resaltó que, a pesar de que participó de la elaboración del documento, no está conforme con lo que salió, y, por ello, no lo votará, asi como tampoco apoyará la propuesta del Ejecutivo.
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