El intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, afirmó que el gobierno nacional aún está “muy lejos” de contemplar las demandas de los gobiernos departamentales de cara al próximo presupuesto quinquenal.
En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, reivindicó una distribución más equitativa de los recursos y una mayor participación en el Fondo de Desarrollo del Interior. Sostuvo que las intendencias se hacen cargo de competencias que no les corresponden, desde la salud hasta la seguridad social.
También se refirió a la situación financiera crítica de Cerro Largo y Salto, el proyecto sobre ingresos de personal en las intendencias y su participación en el diálogo social pese a la postura oficial del Partido Nacional.
A poco más de un mes del plazo constitucional para presentar el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, el Congreso de Intendentes ya está negociando con el Poder Ejecutivo su participación en la redistribución de recursos. Su presidente, Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, advirtió que las conversaciones están aún “muy lejos” de satisfacer las demandas de los gobiernos departamentales y que hay temas históricos que siguen sin resolverse.
“El gobierno está planteando una situación de restricción, pero si se quiere avanzar en descentralización, hay que redistribuir mejor y también poner un peso más. La descentralización cuesta, sale plata”, enfatizó.
Olivera recordó que la Constitución establece dos referencias centrales para la elaboración del presupuesto en relación con los gobiernos departamentales: El artículo 214, que fija la necesidad de acuerdo sobre el porcentaje a redistribuir, y el artículo 298, que refiere al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).
El Congreso de Intendentes plantea mantener el 3,33% del presupuesto nacional como mínimo (actualizado a 2025), y propone, además, invertir la lógica actual del FDI, que hoy se administra en un 60% por el gobierno nacional y un 40% por las intendencias. “No es más plata para el Estado, es redistribuir lo mismo de otra manera. Es un tema de voluntad y de prioridades”, afirmó.
A esto se suman los reclamos por la persistencia de asimetrías entre departamentos. “Algunos siguen recibiendo porcentajes de hace 20 años, cuando sus realidades han cambiado completamente. Hay que actualizar esas fórmulas”, dijo Olivera, quien también pidió atender las diferencias estructurales entre la capital y el interior.
Uno de los ejes centrales de la queja del Congreso de Intendentes es que muchas comunas asumen funciones que no les corresponden legalmente, como servicios en salud, educación, políticas sociales, vivienda e incluso seguridad, desviando recursos que deberían destinarse a sus competencias formales.
“Hay un estudio del primer gobierno de Tabaré Vázquez que mostró que el 40% del gasto social de las intendencias se va en cosas que no son nuestras competencias. Si el gobierno se hiciera cargo de eso, seríamos Gardel y Le Pera”, ironizó.
También hizo hincapié en el deterioro de la caminería rural, presionada por un cambio en la escala del transporte de carga: “Tenemos caminos preparados para 10.000 kilos, pero hoy pasan tritrenes de 50 toneladas. Por más creatividad que tengamos, eso no se arregla sin plata”, enfatizó.
Consultado por la situación financiera de algunos departamentos que enfrentan déficit muy grandes, como es el caso de Cerro Largo, Olivera dijo que desde el Congreso de Intendentes se han ofrecido ayudas y respaldos para iniciar las nuevas administraciones.
Indicó que hay otros departamentos en situaciones similares, como Salto, donde “se dejaron préstamos sin pagar” y podrían derivarse responsabilidades legales por no haber sido aprobados por la Junta Departamental.
En cuanto al proyecto de ley que regula la contratación de personal en las intendencias, expresó respaldo al objetivo de garantizar transparencia, pero pidió equilibrio. “No vayamos a matar la herramienta. Si usted no puede designar a su personal de confianza, es como si un presidente no pudiera nombrar a sus ministros”, opinó.
Olivera también reclamó mayor reconocimiento al papel de los gobiernos departamentales en la prevención de problemas de seguridad. Si bien la Constitución impide que las intendencias se encarguen directamente del tema, “las causas están antes: falta de oportunidades, salud mental, trayectorias educativas truncas, consumo. Ahí es donde intervenimos”, aseguró.
Por otro lago, se refirió al Diálogo Nacional por la Seguridad Social, discusión en la que el Partido Nacional, al igual que el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana, decidieron no participar, Olivera asistió a su lanzamiento. Justificó su decisión en su rol institucional. “Soy intendente de todos, no solo de los blancos. Me invitaron y fui”, indicó.
Afirmó que más allá del formato, lo importante es que haya espacios de intercambio. “Diálogo hay. Capaz que no en ese formato, pero hay. Me preocupa más que no se pierda la posibilidad de aportar”, dijo.
Finalmente, sostuvo que todos los partidos hablaron durante la campaña sobre pobreza infantil, salud mental, adicciones y juventud, por lo que ahora es tiempo de “sacar todos los libritos y ver qué soluciones concretas se pueden dar”.
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