El Gobierno comenzará a revisar la reforma de los combustibles aplicada en 2021. Para eso, creó un grupo de trabajo interinstitucional con representantes del Ministerio de Industria y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), que tendrá seis meses para analizar el esquema actual y proponer nuevas reglas para la distribución secundaria.
Mientras tanto, se exhortó a la URSEA a no dictar nuevas regulaciones ni autorizar más estaciones de servicio.
Según el decreto, desde los cambios implementados en la pasada administración, la URSEA dictó resoluciones “parciales y dispersas” que generaron incertidumbre y conflictos legales en el sector.
El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Sanguinetti, expresó su preocupación por la incertidumbre que atraviesa el sector y advirtió sobre los riesgos de desregular el actual sistema de distribución de combustibles.
Aunque aún no han tenido comunicación oficial, los estacioneros esperan reunirse la próxima semana con la ministra de Industria, Fernanda Cardona.
Sanguinetti destacó que el sistema uruguayo garantiza combustibles de buena calidad, disponibles en todo el país, las 24 horas y al mismo precio. “A veces, por perseguir un objetivo, se pone en riesgo bondades que tiene el sistema y que no siempre valoramos porque las hemos tenido siempre”, señaló.
El dirigente también se refirió a un reciente decreto que exhorta a la URSEA a no aprobar nuevas regulaciones sobre distribución secundaria hasta tanto no se realice una revisión integral. Esto congela solicitudes de apertura y traslado de estaciones, muchas de las cuales han sido observadas por no cumplir con la normativa vigente.
Sobre el estado del sector, Sanguinetti reconoció que la situación económica de las estaciones es “muy heterogénea” y que el crecimiento de nuevas bocas, en un contexto de consumo estable, preocupa porque reduce las ventas promedio. Además, la expansión de vehículos eléctricos, aunque aún incipiente, plantea un desafío adicional a mediano plazo.
Consultado por el posible ingreso de un nuevo sello —Megal— al mercado, sostuvo que no hay oposición mientras cumpla con la normativa. Sin embargo, explicó que el actual marco no permite a los estacioneros cambiar de distribuidora, ya que los puntos de venta pertenecen a los sellos, lo que limita la competencia.
Respecto al impacto del sistema actual, recordó que en los años 80 había más de 800 estaciones, frente a las 473 actuales, lo que refleja un proceso de concentración motivado por la búsqueda de eficiencia. Uruguay es, no obstante, uno de los países con más estaciones per cápita en la región, lo que ha llevado a una baja rentabilidad.
“El margen hoy en las naftas ronda los 9 pesos por litro. La mitad se va en sueldos y otra parte en alquileres, tarjetas de crédito y seguridad. Lo que queda para la estación es muy poco”, indicó.
Finalmente, se manifestó en contra de la implementación del autoservicio, por el riesgo de perder más de 7.000 empleos y por motivos de seguridad. “El ahorro para las familias sería mínimo, y el impacto en el empleo, enorme. No creemos que esa sea la solución para bajar el precio de los combustibles”, concluyó.
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