La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay rechazó los cuestionamientos hechos a la fiscal Stella Alciaturi, tras la imputación del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi.
El nacionalista fue imputado el pasado jueves por siete delitos durante su última gestión al frente de la Intendencia y se impuso como medida cautelar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Su imputación se dio en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los hechos de corrupción en la comuna.
La fiscal Alciaturi tomó contactó con este caso en 2021, y logró la imputación o condena de más de30 personas.
Besozzi fue imputado por delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de abuso de funciones. Al no haber sido condenado, Besozzi no está inhabilitado para postularse como intendente. Besozzi había renunciado a su cargo en febrero, para postularse a la reelección.
El Directorio del Partido Nacional aprobó por unanimidad una declaración en la que respalda a Besozzi y mantiene su candidatura a la reelección en el departamento.
El Partido Nacional expresó su “preocupación por posibles desvíos procesales y la discrecionalidad en los procedimientos”.
Varios nacionalistas cuestionaron a la fiscal y indicaron que la decisión tiene una impronta política. Uno de ellos fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva que se refirió a publicaciones que hizo en redes sociales Alciaturi, y que mostrarían un sesgo político.
Se trata de reposteos de mensajes realizados por otros usuarios, en los que se critica directamente al Partido Nacional o a dirigentes de esa fuerza política.
El presidente de la gremial, Willian Rosa, dijo que las críticas forman parte de una “embestida” contra los fiscales y la Fiscalía General de la Nación.
En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, Rosa señaló que los cuestionamientos se están yendo hacia lugares por fuera del hecho en sí que se investiga, que es identificar si hubo o no corrupción pública, si hay o no evidencia y si estas son sólidas, entre otras cuestiones.
Para el fiscal esta forma de actual tiene un efecto que es “disciplinante” respecto de otros profesionales, ya que presenta una situación, principalmente en el interior del país, en la que los fiscales empezarán a pensar dos veces antes de investigar un caso que involucre a un político porque saben que cuando lo hagan van a ser atacados, tanto ellos como la Fiscalía.
“El viernes eran acusaciones de que la detención fue abusiva, cuando fue una detención solicitada y autorizada por el juez, que la formalización fue abusiva, cuando fue solicitada por la Fiscalía pero dispuesta por el juez, que la medida contra la represión preventiva fue abusiva cuando lo mismo, fue pedida por la Fiscalía pero fue dispuesta por un juez del Poder Judicial”, agregó.
A su vez, Rosa cuestionó que se acuse a la Fiscalía de que en ella funciona “un centro de operaciones políticas”, algo que a su criterio es “fantasioso” e intenta instaurar en el imaginario colectivo que hay una cúpula que ordena a determinados fiscales actuar en contra de determinada persona, como si no hubiera independencia técnica.
“Si un fiscal tiene a su frente elementos que implican la sospecha de que una autoridad ha participado en determinados hechos con apariencia delictiva, ¿no los tiene que investigar? Obviamente que los tiene que investigar, es su obligación, y si iniciando esa investigación encuentra evidencias sólidas de que esa persona participó en tal cual delito, tiene que imputar, y lo mismo si encuentra que hay riesgo de que la investigación perjudique si no se dispone a una medida cautelar”, resaltó.
En paralelo, sostuvo que esta forma de actuar de muchos políticos es “muy efectista”, porque “sirve” para poner el foco en otro lugar y sacarlo de aquel que indica que hay autoridades que están cometiendo delitos de corrupción pública.
“Lo peligroso es que cuando se desprestigia a la Justicia, cuando se desprestigia a la Fiscalía, no es sólo para este caso puntual, es para todos los otros. El daño está hecho respecto del buen funcionamiento de todo el sistema de justicia.”, agregó.
En referencia a los posteos de Alciaturi en redes sociales, Rosa cuestionó lo hecho por la fiscal, y dijo que va en contra del protocolo de ética de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que adoptó también la Fiscalía.
“Un fiscal de la Nación no puede realizar ningún posteo en contra de ninguna colectividad política y es preferible que no lo haga en contra de nada que pueda después entorpecer o enturbiar lo que es su propio trabajo, por autopreservación de su función y también de la institución en la que trabaja”, agregó.
Sin embargo, expresó que, más allá de que, al igual que cualquier persona un fiscal puede tener una preferencia política, tiene que trabajar valiéndose de forma objetiva con las evidencias que tiene el caso y lo que se deberá juzgar es si esas son sólidas o no.
“Primero les piden a los fiscales que se aparten de la política y después les piden que hagan valoraciones políticas para ver el momento de coyuntura. No si tienen las evidencias, tienen que fijarse además de si tienen las evidencias, si han reunido todos los elementos de prueba para fundamentar una imputación, si esa persona va a participar de una elección y si eso le pudiese perjudicar. Eso que se le exija a un fiscal es demasiado”, apuntó el presidente de la asociación de fiscales.
Rosa expresó que hay fiscales que de forma maliciosa pueden apurar o retrasar ciertas causas por cuestiones espurias. Sin embargo, esto si o si debe estar respaldado por evidencia, y estas son las cuestiones por las que debe valorarse un caso.
“Lo paradigmático de esto es que muchas de las personas que dicen, que hacen estas aseveraciones, lo hacen amparados en fueros, porque saben que jamás un fiscal va a poder hacer una denuncia de difamación, pero el resultado es muy grave”, resaltó.
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