El proyecto de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios sufrió una nueva postergación. Pese a que el plazo para aprobarlo vencía este 30 de junio, tras negociaciones de último momento, su votación quedó agendada para el miércoles 2 de julio. La decisión genera preocupación, inestabilidad y un clima de tensión entre los afiliados y jubilados del sistema.
Daniel Alza, presidente de la Caja, advirtió en entrevista con Informativo Carve del Mediodía que esta nueva prórroga es como “esperar un parto que no llega”. Desde su punto de vista, es imprescindible que se apruebe una ley cuanto antes, porque sin ella ni siquiera el Poder Ejecutivo está habilitado legalmente para asistir al organismo, que ya anunció que el próximo pago a pasivos se realizará en dos etapas.
“Estamos hablando de un sistema que vive al día”, explicó. “La Caja paga las jubilaciones con los ingresos del mes y hoy no tiene los recursos suficientes. Si no hay ley, tampoco puede haber asistencia estatal, porque se necesita una norma que le dé marco”.
Alza confirmó que hay una negociación entre el oficialismo y la oposición que está avanzando, aunque admitió que se está manejando “al filo” de los plazos. Según aseguró, el compromiso de todos los partidos políticos es que la reforma se vote el miércoles. “No será una ley con la que todos estén cómodos, pero va a haber una ley. Y una vez que esté, todos tendremos que respetarla y cumplirla”, indicó.
El cronograma tentativo prevé que el proyecto se trate en la mañana en el Senado y por la tarde en Diputados. A partir de allí, comenzarían a correr los plazos para su promulgación y entrada en vigencia.
Mientras tanto, crece el rechazo entre los colectivos de afiliados. Unas 30 gremiales, incluidos médicos, se declararon en paro este lunes, en protesta por el aumento de los aportes que plantea la reforma para los activos. Alza dijo que todos tienen derecho a manifestarse, pero sostuvo que “muchas de estas gremiales han formado parte de los directorios de la Caja y conocen perfectamente la situación crítica que se arrastra desde hace años”.
El presidente de la Caja aseguró que no ha escuchado propuestas alternativas viables desde los sectores que se oponen. “Dicen que no quieren aumentos y que el Estado debe aportar, pero no hay planteos concretos sobre cómo resolver el problema. Hay derechos adquiridos y obligaciones constitucionales que limitan mucho lo que se puede hacer”, señaló.
Alza también hizo un repaso del proceso que llevó a la situación actual, aclaró que los primeros estudios de viabilidad que alertaban sobre la insostenibilidad del sistema datan de 2013-2014. “Hace once años que se sabe lo que iba a pasar, pero no se tomaron decisiones. En parte, porque los directorios de la Caja no lograron mayorías para proponer reformas al Poder Ejecutivo”, enfatizó.
Con más de 20.000 personas entre jubilados, pensionistas y funcionarios que dependen directamente de la Caja, el presidente reconoció el impacto emocional que está teniendo la incertidumbre. “Les pido fe, esta tiene que ser la última semana de inestabilidad. Estoy convencido de que el miércoles se va a aprobar una ley”, dijo.
Según los técnicos del Poder Ejecutivo, la reforma que se plantea otorgaría sostenibilidad al sistema por unos 20 años. Alza admitió que aún quedan temas estructurales por resolver, como algunos planteados por los colectivos profesionales, pero consideró que este no es el momento. “Hoy no hay tiempo. La Caja necesita una solución ya. Si hubiéramos trabajado hace diez años, sería distinto. Pero ahora estamos contra el reloj”, advirtió.
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