Un documento con 300 medidas concretas para simplificar la regulación vigente en Uruguay fue entregado esta semana al gobierno por parte del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).
La iniciativa, titulada “Uruguay más simple”, recoge aportes de más de 500 empresarios, cámaras, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho, y busca servir como insumo clave para la elaboración de la próxima ley de presupuesto.
Nicolás Vidal, economista e integrante del equipo de investigación de Ceres, explicó que el objetivo del trabajo fue detectar las regulaciones inadecuadas que impactan negativamente en la vida cotidiana, la inversión y la competitividad del país. “Uruguay es un país caro, lo sentimos en el bolsillo todos los días, pero muchas veces no se entiende que una de las causas está en la normativa superpuesta, contradictoria u obsoleta”, advirtió Vidal.
Según el Índice de Libertad Económica elaborado por el Instituto Fraser de Canadá, Uruguay se encuentra en el puesto 65 del mundo en calidad regulatoria, por debajo de varios países comparables como Irlanda (5°) o Australia (6°). Vidal remarcó que “los países con mejor adecuación normativa tienden a tener ingresos más altos y mayor desarrollo humano”, y agregó que Uruguay tiene margen de mejora.
El proceso de elaboración del documento implicó consultas presenciales y virtuales con más de 45 cámaras sectoriales, 50 asociaciones de empresas, ONG y estudios jurídicos. Uno de los hallazgos más relevantes fue la alta incidencia de normas que imponen costos económicos excesivos y demoras innecesarias. Más del 50% de los participantes reportaron problemas que encarecen sus actividades, mientras que un 40% mencionó demoras y tiempos de espera prolongados.
Entre los organismos más mencionados figuran el Ministerio de Economía y Finanzas, las intendencias, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería y el Ministerio del Interior. En muchos casos, según Vidal, no se trata de eliminar regulaciones, sino de modernizarlas. “El 60% de los encuestados consideró que las normas podían ser modificadas. No es desregular por desregular, es actualizar lo que está desfasado”, puntualizó.
Algunos ejemplos de normas obsoletas o ineficaces incluyen el decreto que fija el límite de 200 dólares para franquicias de compras en el exterior, vigente desde 2008, o una ley que prohíbe a las carnicerías abrir los domingos.
También se mencionaron demoras y duplicaciones en trámites como las compraventas, que implican controles simultáneos por parte de la DGI, escribanos y registros del Ministerio de Educación y Cultura, o exigencias del Ministerio de Ganadería que dificultan la logística del transporte agroindustrial.
El informe fue entregado formalmente esta semana al Ministerio de Economía, en el marco de las discusiones por la ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento antes del 31 de agosto. Desde Ceres esperan que el material sea utilizado como guía para eliminar redundancias, agilizar procesos y generar un marco más amigable para la inversión, el empleo y la ciudadanía.
“Lo más valioso que tiene una persona es su tiempo. Si simplificamos el Estado, todos ganamos”, concluyó Vidal.
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