El caso Cardama se judicializó el viernes. Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, secretario y prosecretario de Presidencia de la República, presentaron personalmente una denuncia penal en Fiscalía por los “fuertes indicios” de “estafa o fraude” que había señalado el presidente Yamandú Orsi en conferencia de prensa.
Recordemos: el Poder Ejecutivo resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrullas oceánicas (OPV por su sigla en inglés) por 82 millones de euros para la Armada Nacional. El Frente Amplio criticó la elección de Cardama desde el comienzo, pero la decisión de rescindir ahora, cuando el Estado ya lleva pagados US$ 30 millones, se debe a aparentes irregularidades detectadas en la garantía de fiel cumplimiento que la compañía viguesa presentó el año pasado.
Según las autoridades de Presidencia, la empresa EuroCommerce, que presentó el aval para Cardama, es una “empresa de papel” y básicamente no existe. Por lo tanto, el gobierno cargó las tintas contra el astillero por haberla presentado, y contra los responsables de la administración anterior por haberla aceptado.
Ahora que la cuestión tomó estado judicial, conversamos al respecto con el Dr. Alejandro Sciarra, abogado designado por Cardama en nuestro país.
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