La decisión del expresidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar un bloqueo total a los petroleros sancionados que operan con Venezuela marca una nueva escalada en la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio, acompañado por un fuerte despliegue militar en el Caribe, genera impacto regional, abre cuestionamientos desde el punto de vista del derecho internacional y reaviva el debate sobre el riesgo de un conflicto mayor.
Según explicó en diálogo con Informativo Carve del Mediodía el periodista y analista internacional Ignacio Montes de Oca, la medida apunta directamente a asfixiar la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. “Estamos hablando de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares en divisas que provienen fundamentalmente de la exportación de petróleo, en gran medida hacia China. Es un golpe directo a la supervivencia económica del régimen”, sostuvo.
Pese al anuncio de “bloqueo total”, Montes de Oca aclaró que la medida no implica un cierre completo de las exportaciones de crudo. Entre un 15% y un 20% del petróleo venezolano todavía puede salir del país gracias a la licencia otorgada a la empresa estadounidense Chevron, que Washington considera legal.“Estados Unidos aprieta y ahorca, pero no termina de asfixiar del todo”, señaló el analista, subrayando que esta excepción muestra que la estrategia combina presión extrema con cierto margen de maniobra.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el bloqueo no cuenta con un mandato de la ONU ni de la OEA, lo que lo deja fuera de los marcos multilaterales tradicionales. Sin embargo, para el derecho interno estadounidense la medida se apoya en mecanismos vinculados a la lucha contra el terrorismo y las sanciones económicas.
Estados Unidos se ampara en listados del Departamento del Tesoro (OFAC), que incluyen a casi todos los buques de PDVSA y a petroleros tercerizados. De acuerdo a información del portal Axios, al menos 18 barcos cargados con crudo venezolano están actualmente bajo monitoreo en aguas venezolanas, mientras que otros 130 integran la llamada “flota fantasma”, utilizada para evadir sanciones mediante cambios de nombre, bandera y apagado de sistemas de identificación.
Además, la sanción no recae solo sobre los buques, sino sobre el propio petróleo venezolano. “Si aparece un barco de otro país transportando crudo de Venezuela, también puede ser interceptado”, explicó Montes de Oca.
En términos prácticos, Washington ya demostró que tiene capacidad para ejecutar el bloqueo. Días atrás, fuerzas especiales abordaron el buque petrolero Skipper. Para el analista, interceptar una decena de barcos por mes sería suficiente para paralizar las exportaciones, teniendo en cuenta que cada petrolero puede transportar entre 100 y 200 millones de dólares en crudo.
Más allá del impacto económico, Montes de Oca señaló que el objetivo de fondo es político y geoestratégico. La decisión se inscribe, según sostuvo, en una reinterpretación contemporánea de la Doctrina Monroe, que sostiene la hegemonía de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental.
“Trump se arroga el derecho de desplazar la influencia de China, Rusia, Irán o incluso Europa en América Latina. El bloqueo a Venezuela se entiende dentro de esa lógica, al igual que las amenazas hacia otros países de la región”, afirmó.
En paralelo, el anuncio del bloqueo económico podría alejar la posibilidad de una acción militar directa. “El bloqueo muestra que Trump no está convencido de usar la fuerza. Una intervención no garantiza la caída del chavismo y tendría un alto costo político y humano”, explicó el analista, recordando además que Trump prometió a su electorado evitar nuevas guerras.
Para Montes de Oca, las chances de Maduro de revertir el bloqueo en foros internacionales son escasas. Estados Unidos ha demostrado poco interés en el multilateralismo y en acatar fallos de organismos internacionales.
En el plano militar, Venezuela carece de capacidad para enfrentar a Washington. “Maduro apuesta al desgaste político y económico de Estados Unidos. Hasta ahora ha resistido, pero la pérdida de 25.000 millones de dólares anuales plantea un escenario extremadamente complejo”, advirtió.
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