El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) cuestionó la reciente aprobación de una partida de 20 millones de pesos destinada al pago de insalubridad para operadores penitenciarios y personal civil del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), al considerar que deja injustamente excluidos a policías ejecutivos que trabajan en las cárceles.
El vocero del sindicato, Ricardo González, dijo a Informativo Carve de Fin de Semana que se trata de una reivindicación histórica del movimiento sindical policial y que no puede aplicarse de forma parcial. “Los operadores tienen todo el derecho del mundo a percibirla, pero hay compañeros que realizan tareas policiales dentro de las cárceles y quedaron afuera. Entendemos que la compensación debe alcanzar a todos”, afirmó.
Según explicó González, la partida representaría en torno a mil pesos mensuales adicionales por funcionario, aunque subrayó que el reclamo va más allá del monto económico. “Es un reconocimiento a una tarea que se desarrolla en condiciones insalubres, en cárceles superpobladas, con falta de personal y jornadas que en algunos casos llegan a 18 horas diarias”, señaló.
El sindicato entregó una carta solicitando una reunión con el presidente Yamandú Orsi, y mantiene contactos con el Ministerio del Interior para buscar alternativas, en el marco de la negociación colectiva que aún no se ha cerrado. “El presupuesto ya está votado, pero creemos que se pueden encontrar mecanismos para corregir esta situación”, indicó.
González explicó que existe una partida adicional de 200 millones de pesos condicionada a la firma de un convenio colectivo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos. Sin embargo, las negociaciones se enlentecieron tras la aprobación de la compensación para operadores penitenciarios. “Nos enteramos un día antes del consejo de salarios y eso cambió todo el escenario”, dijo.
Consultado sobre eventuales medidas, el vocero del SUPU no las descartó, y aseguró que el colectivo evaluará los pasos a seguir tras una reunión prevista para el lunes.
Otro de los reclamos del sindicato tiene que ver con el acceso a la vivienda para policías que viven en zonas de alta conflictividad. Según datos del último censo interno, unos 1.500 funcionarios residían en zonas consideradas “rojas”, una cifra que, estiman, se mantiene.
“Los llamados a préstamos no alcanzan al personal más necesitado por los requisitos que se exigen. Hay que buscar alternativas reales para sacar a esos compañeros de barrios donde su seguridad está comprometida”, advirtió González.
En materia de salud mental, el SUPU destacó la finalización de un informe elaborado por una comisión integrada por el sindicato, el Ministerio del Interior, Sanidad Policial y otras áreas, que será entregado al ministro Carlos Negro en los próximos días.
El documento incluye propuestas como la protocolización del seguimiento psicológico tras procedimientos críticos, la figura del “consejero de par” y la reinserción laboral de funcionarios que quedan imposibilitados para tareas ejecutivas.
González alertó además sobre la situación de los suicidios en la fuerza: “Este año cerramos con 12 casos, uno por mes en promedio, muchos de ellos de funcionarios jóvenes, que no llegan a los 30 o 35 años”.
Si bien reconoció avances y una tendencia a la baja respecto a años anteriores, sostuvo que aún faltan datos clave, como estadísticas sobre intentos de autoeliminación. “Sin información clara es difícil saber dónde estamos fallando”, afirmó.
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