El primer año del gobierno de Yamandú Orsi en materia económica estuvo atravesado por una sucesión de polémicas vinculadas a la política fiscal, desde la aprobación del Presupuesto Nacional y la creación de nuevos impuestos, hasta decisiones recientes como la modificación del sistema de devoluciones del Fonasa, y la reasignación de fondos sectoriales a Rentas Generales.
En diálogo con Informativo Carve de Cierre, la economista Deborah Eilender, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), analizó el rumbo adoptado por el equipo económico y sostuvo que, en términos generales, 2025 fue un año de ajuste fiscal, pero concentrado en el aumento de los ingresos y no en el control del gasto.
“Desde el CED vemos que este fue un año de ajuste tributario más que de gasto. El gasto público aumentó en línea con lo esperado y no hubo recortes relevantes, pero sí se incrementaron los ingresos del Estado a través de nuevos impuestos y cambios como el de las devoluciones del Fonasa”, explicó.
El Presupuesto aprobado este año incluyó la creación de tres nuevos impuestos, que en conjunto, según estimaciones oficiales, aportarían alrededor de 600 millones de dólares adicionales a la recaudación estatal.
De ese total, unos 300 millones de dólares provendrían del impuesto mínimo global que grava a grandes multinacionales, 250 millones del cambio en el IRPF a las rentas de capital en el exterior, y unos 50 millones de dólares del nuevo IVA a las compras realizadas mediante plataformas internacionales.
Para Eilender, estas medidas profundizan una tendencia histórica. “Uruguay tiene una presión tributaria alta para la región. Estamos entre los países con mayor carga impositiva de América Latina, solo por debajo de Cuba y Brasil. La creación de nuevos impuestos incrementa una presión fiscal que ya era elevada”, señaló.
Uno de los temas más discutidos en los últimos días fue la modificación del cálculo del costo promedio equivalente del Fonasa, que reducirá el monto de las devoluciones a los trabajadores con mayores aportes. Según explicó la economista, el cambio no se basa en el costo actual de cada persona en el sistema de salud, sino en el costo promedio a lo largo de toda la vida, considerando que el gasto sanitario aumenta con la edad. Al elevarse ese costo promedio (en torno a dos mil pesos mensuales por persona), se reducen las devoluciones.
“El propio Ministerio de Economía estima que esta medida libera entre 70 y 80 millones de dólares anuales”, indicó Ylender, y destacó que se trata de un monto incluso superior a lo que recaudaría el IVA-TEMU.
Si bien la idea de revisar el sistema de devoluciones del Fonasa se maneja desde hace varios años, incluso desde el final del gobierno de Tabaré Vázquez, la economista señaló que la decisión se adoptó recién ahora, en un contexto en el que el gobierno considera que necesita más recursos fiscales.
Más allá de las medidas puntuales, desde el CED advierten que el problema de fondo sigue intacto. “El gasto público continúa creciendo y, si eso no cambia, no hay aumento de ingresos que alcance”, sostuvo. Según explicó, incluso cumpliendo las metas fiscales planteadas por el propio Ministerio de Economía, la deuda pública seguiría aumentando a lo largo del período, lo que evidencia un desequilibrio estructural.
Además, señaló que la discusión pública suele centrarse casi exclusivamente en cómo recaudar más, mientras queda relegado el debate sobre el tamaño y la eficiencia del Estado. “Se van poniendo parches: un impuesto nuevo acá, una corrección allá, y el sistema se vuelve cada vez más complejo y menos coherente”, afirmó.
El contexto económico agrava el escenario fiscal. Uruguay cerraría el año con un crecimiento cercano al 2%, por debajo del PIB potencial y de las propias proyecciones oficiales, y las perspectivas para 2026 tampoco son alentadoras.
En ese marco, la recaudación de impuestos tradicionales muestra señales de debilidad. “El IVA, que es el principal impuesto del país, tuvo un desempeño flojo este año, porque está muy asociado al consumo y al nivel de actividad”, explicó la economista.
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