En los últimos días se registraron nuevamente episodios de violencia contra funcionarios y médicos en varios centros de salud, lo que reavivó el debate sobre la inseguridad laboral en el sector. La Asociación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) había advertido en noviembre que ya se contabilizaban más de 40 agresiones en hospitales y policlínicas del país, cifra que continúa en aumento.
En ese contexto, el sindicato activó medidas de protesta con paros y concentraciones para visibilizar la situación y reclamar respuestas más contundentes por parte de las autoridades sanitarias.
Pablo Estévez, dirigente de la FFSP, destacó en diálogo con Informativo Carve del Mediodía que los hechos de violencia son parte de un fenómeno social más amplio, pero tienen consecuencias directas en la vida laboral y personal de los trabajadores del sector. “La violencia nunca está justificada, pero no puede ser que quien denuncia quede solo ante la Justicia”, señaló. Según sostuvo, en muchos casos las direcciones de los centros no acompañan a los funcionarios agredidos en el proceso de denuncia, ni dejan registro administrativo de los hechos.
Estévez destacó que se han producido amenazas de muerte, cachetazos, escupitajos y ataques verbales, e incluso se conoció un intento de asalto a un móvil del SAME 105 con disparos incluidos. “No puede ser que una persona que ya agredió a un funcionario tenga que volver a ser atendida en el mismo lugar sin consecuencias”, afirmó.
Una de las principales demandas del sindicato es la implementación de protocolos generales y claros que establezcan los pasos a seguir ante un episodio de violencia, además de la obligación de las direcciones de brindar respaldo institucional a los trabajadores. Estévez también abogó por evaluar medidas que limiten la atención repetida en un mismo centro a usuarios identificados como agresores, sin dejar de garantizar el derecho a la salud.
“El trabajador no solo debe preocuparse por su salario o sus condiciones de trabajo, también debe sentir que su integridad está protegida”, dijo. Según explicó, muchas agresiones no quedan formalizadas dentro de las instituciones por falta de acompañamiento administrativo, lo que dificulta cualquier acción posterior ante la Justicia.
El dirigente afirmó que la violencia en la salud refleja una problemática social más amplia, en la que la intolerancia y la agresión como mecanismo para obtener atención rápida están cada vez más presentes.
Estévez también subrayó que Uruguay cuenta con un sistema de salud robusto, con mayor resolutividad y tecnología disponible, pero que los trabajadores se sienten desprotegidos frente a un contexto de creciente hostilidad.
Más allá de las demandas sindicales, la FFSP hizo un llamado más amplio a la sociedad y a las autoridades para recuperar una convivencia basada en el respeto. “No se puede señalar con el dedo sin asumir responsabilidad propia”, afirmó Estévez, en referencia a la forma en que la violencia se ha naturalizado en diferentes ámbitos sociales y mediáticos.
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