El primer año de gobierno de Yamandú Orsi deja un panorama económico con luces y sombras. Mientras el Poder Ejecutivo destaca metas fiscales cumplidas, inflación controlada y recuperación del salario real, los últimos indicadores de actividad muestran un enlentecimiento que enciende señales de alerta.
El Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay resolvió este martes bajar la tasa de interés en 75 puntos básicos, llevándola a 5,75%. La decisión confirma el ingreso en una fase de política monetaria expansiva, destacó el economista Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), en un contexto de inflación por debajo del objetivo oficial de 4,5% y creciente incertidumbre internacional, marcada por la guerra en Medio Oriente y la suba del dólar a nivel global.
La inflación cerró el año pasado en 3,7% y en los primeros meses de este año se ubicó en torno al 3,5%, por debajo de la meta puntual del BCU. Si bien para la autoridad monetaria estar por debajo del objetivo no es ideal, porque implica menor dinamismo, para los consumidores representa un alivio en términos de poder adquisitivo.
El recorte de la tasa busca estimular el crédito, abaratar el costo del dinero y apuntalar la actividad. Sin embargo, en una economía bimonetaria como la uruguaya, donde el dólar tiene fuerte peso en ahorro y transacciones, el alcance de la política monetaria es más limitado.
El dato que genera mayor preocupación es el del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que sugiere una caída de 0,6% en el cuarto trimestre respecto al tercero del año pasado. De confirmarse con los datos oficiales del PIB, Uruguay habría acumulado dos trimestres consecutivos de contracción, configurando una recesión técnica.
El crecimiento de 2025 se ubicó en torno al 1,8%, por debajo del 2,6% proyectado originalmente por el Ministerio de Economía. La desaceleración también se reflejó en el mercado laboral y en la recaudación de la DGI, con caídas en impuestos clave como IVA e IRAE.
Para 2026, la proyección oficial es de 2,2%, aunque los analistas privados estiman cifras más cercanas al 1,5%-1,8%, afectadas por el llamado “efecto arrastre estadístico”.
En el frente fiscal, el gobierno sostiene que “la casa está en orden”. Sin embargo, los datos muestran matices. El déficit del gobierno central-BPS cerró 2025 en 4,1% del PIB (descontando ingresos extraordinarios), frente a 3,3% en 2024. Considerando todo el sector público, el rojo fue de 4,8%, superior al 4,2% del año anterior.
En términos estructurales, que corrigen por ciclo económico y partidas extraordinarias, el resultado se mantuvo relativamente estable en torno al 3,9%-4%.
La deuda pública como porcentaje del PIB descendió levemente, ayudada en parte por la evolución del tipo de cambio. No obstante, con un escenario de bajo crecimiento, el frente fiscal podría volverse más restrictivo en los próximos años.
En su discurso ante la Asamblea General, Orsi anunció próximas medidas para modernizar el régimen de promoción de inversiones y un proyecto de ley de competitividad e innovación. Aunque aún no se conocen detalles, Correa indicó que el foco apunta a revertir el bajo dinamismo económico que arrastra el país desde hace una década.
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