Una resolución de la Office of the United States Trade Representative (USTR) volvió a colocar a Uruguay en la mira de la política comercial de Estados Unidos. El organismo anunció la apertura de investigaciones bajo la sección 301 contra más de 60 países, entre ellos Uruguay, por posibles debilidades en los controles sobre cadenas de suministro vinculadas a trabajo forzoso.
La medida, sin embargo, no implica sanciones inmediatas. Según explicó el especialista en comercio internacional Nicolás Albertoni, ex vicecanciller, se trata de una advertencia que forma parte de una estrategia más amplia de Washington para reconfigurar el comercio global.
El instrumento utilizado por Estados Unidos tiene base en el Trade Act de 1974 y otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para investigar prácticas consideradas “injustas” en el comercio internacional.
En este caso, el foco está puesto en la posible importación de bienes provenientes de economías donde existan indicios de trabajo forzoso o infantil. En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Albertoni aclaró que Uruguay no está siendo acusado directamente de utilizar estas prácticas, sino que podría estar importando productos o insumos desde países bajo sospecha, lo que indirectamente impacta en sus exportaciones hacia Estados Unidos.
Más allá del aspecto técnico, la decisión de la USTR se enmarca en una disputa geoeconómica más amplia, con China como principal telón de fondo.
Estados Unidos busca no solo fortalecer el concepto de friendshoring (priorizar el comercio con países aliados) sino avanzar hacia un criterio más exigente, que Albertoni define como “value shared”, que significa compartir valores en materia laboral, ambiental y regulatoria.
En ese contexto, la inclusión de países como Uruguay, Argentina o incluso la Unión Europea refleja que el criterio excede alineamientos políticos y apunta a toda la arquitectura del comercio global.
En términos concretos, el efecto inmediato es limitado. No hay restricciones ni cambios automáticos en el acceso al mercado estadounidense, uno de los principales destinos de exportación de bienes uruguayos como carne, madera o soja.
Sin embargo, el señalamiento obliga a un seguimiento cercano por parte del gobierno, especialmente en lo relativo a trazabilidad de cadenas productivas y controles sobre importaciones.
Además, introduce un nuevo factor de presión en un escenario internacional cada vez más fragmentado, donde las decisiones comerciales están crecientemente atravesadas por consideraciones geopolíticas.
El trasfondo de la medida, según el analista, es una reconfiguración de las cadenas globales de valor, donde los criterios geopolíticos y normativos ganan peso. “Se consolida un escenario donde cada movimiento en política exterior o comercial empieza a ser observado. Para países como Uruguay, que necesitan comerciar con todos, es un desafío”, afirmó.
En ese contexto, advirtió que decisiones como avanzar en acuerdos con otras potencias o bloques pueden tener repercusiones indirectas en la relación con Washington.
El episodio se da además en un momento de fricciones dentro del Mercosur. En los últimos días, Brasil cuestionó movimientos de Argentina para mejorar su vínculo comercial con Estados Unidos, mientras avanzan investigaciones por dumping en el sector lácteo que involucran a Uruguay.
Para Albertoni, estos episodios reflejan “las limitaciones estructurales del bloque” y la necesidad de modernizarlo.
“Cuando un país intenta avanzar por su cuenta, aparecen tensiones. Y eso también puede pasarle a Uruguay si decide, por ejemplo, avanzar hacia el Acuerdo Transpacífico”, advirtió.
Tensiones con Colón
En paralelo a este escenario internacional, surge un nuevo foco de tensión regional a partir del rechazo desde la provincia de Entre Ríos a la instalación de la planta de HIF Global en Paysandú. El gobernador Rogelio Frigerio advirtió que buscará evitar “una nueva Botnia”, en referencia al conflicto bilateral de 2006 por la instalación de la pastera en Fray Bentos.
Para Albertoni este planteo representa un “déjà vu” en la relación bilateral. “Es difícil no ver que estos escenarios se repiten. Cambian los gobiernos, pero vuelven las mismas tensiones”, señaló, y lamentó que se cuestione una inversión de magnitud en un país que necesita captar capitales.
El analista sostuvo que Uruguay no debería adoptar una postura defensiva si entiende que el proyecto cumple con todos los requisitos ambientales y normativos. No obstante, planteó que el país podría considerar una actitud más activa en caso de que escalen los cuestionamientos.
En ese sentido, mencionó datos recientes de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que en un informe de monitoreo de una década detectó 12 incumplimientos ambientales por parte de UPM frente a 505 del lado de Gualeguaychú.
“Aquí no es solo un tema político. Si hay datos objetivos sobre contaminación, también pueden ponerse sobre la mesa en los ámbitos correspondientes”, indicó, en referencia a organismos binacionales como la propia CARU.
Sin embargo, advirtió que este tipo de respuestas deben calibrarse cuidadosamente para evitar una escalada innecesaria. “Las tensiones son espirales. Hay que evaluar no solo el impacto inmediato, sino el de mediano plazo en la relación bilateral”, afirmó.
Albertoni consideró que reactivar una narrativa similar a la del conflicto por Botnia, que llevó incluso a instancias judiciales internacionales, sería un retroceso. “Es un tema que ya fue laudado y superado. Volver a ese escenario no parece razonable en el contexto actual”, concluyó.
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