El licenciado en seguridad pública, psicólogo y comisario mayor retirado Robert Parrado analizó el plan de seguridad presentado por el gobierno y planteó una mirada crítica sobre su contenido y su implementación. Si bien valoró el enfoque basado en evidencia, consideró que el documento “no es hábil para la comunicación” y carece de medidas concretas que permitan evaluar resultados.
Parrado señaló que el plan, que tiene más de 300 páginas, tiene un perfil “muy académico”, con objetivos y ejes estratégicos, pero sin suficiente “aterrizaje” a la realidad operativa. “No encontré objetivos numéricos claros”, afirmó, y advirtió que eso dificulta medir avances o impactos en materia de seguridad pública.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a cómo se llevarán a la práctica varias de las medidas anunciadas. El experto puso como ejemplo el objetivo de incorporar más de 2.000 policías en el próximo año. Según indicó, esto implica desafíos logísticos, presupuestales y de formación que no están claramente explicitados.
También cuestionó decisiones vinculadas a la distribución de recursos humanos, como el eventual uso de efectivos de Policía Caminera en tareas que no son propias de su especialización.
Parrado subrayó carencias en los protocolos de investigación, especialmente en homicidios. Aseguró que Uruguay no cuenta con procedimientos claramente establecidos para las primeras horas de una investigación ni con unidades dedicadas a casos sin resolver.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer aspectos clave como la cadena de custodia de la evidencia, señalando que errores en ese proceso pueden comprometer causas judiciales.
Si bien el plan establece como prioridades los homicidios, la violencia de género y el control de armas, Parrado cuestionó la forma en que se presentan algunos datos. Por ejemplo, consideró poco representativo destacar la baja en hurtos, dado que se trata de un delito con alta “cifra oculta” por la falta de denuncias.
También advirtió sobre las dificultades para medir el impacto de algunas políticas preventivas, como el trabajo con potenciales agresores en violencia doméstica, debido a su carácter “contrafáctico”.
En relación a la participación de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras, el especialista sostuvo que se trata de un tema complejo que requiere definiciones legales y operativas claras. Además, expresó reparos sobre la combinación de funciones entre militares y policías.
Parrado también puso el foco en la situación del sistema penitenciario, que cuenta con más de 16.000 personas privadas de libertad. Señaló que existe una falta de políticas efectivas de rehabilitación y advirtió que, sin cambios en ese sentido, el sistema termina funcionando como “un boomerang”, donde las personas reinciden al recuperar la libertad.
Por otra parte, el experto se refirió al crecimiento de posturas más duras en seguridad, tomando como ejemplo el modelo de Nayib Bukele. Si bien reconoció que genera apoyo en sectores de la población, advirtió que se basa en un estado de excepción difícil de sostener en el tiempo.
“Yo no cedo libertades por seguridad”, afirmó, y remarcó que Uruguay debería apostar a soluciones dentro del marco institucional democrático.
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