La implementación de la nueva guía electrónica de carga impulsada por el Ministerio de Transporte volvió a generar tensión con el sector del transporte profesional. Esta semana hubo movilizaciones de transportistas autoconvocados y reuniones entre la cartera y la intergremial del transporte de carga, que cuestiona distintos aspectos del sistema. Aunque el ministerio aclaró que todavía no comenzarán las fiscalizaciones ni las multas, el conflicto sigue abierto.
El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, Ignacio Asumendi, sostuvo que el problema “viene desde hace muchos años”, y recordó que la ley que crea la guía electrónica es de 2001, aunque nunca llegó a aplicarse plenamente.
Según explicó, cada administración terminó reformulando el sistema. Primero fue el Sictrac en el gobierno anterior, luego el Sigeflot y ahora el SICTT (Sistema Integrado de Control de Transporte Terrestre), que vuelve a colocar a la guía de carga como pieza central del esquema de control.
Asumendi aclaró que el sector no se opone a la guía en sí misma. De hecho, señaló que la intergremial participa en el proceso de implementación buscando que el sistema también genere beneficios para el transporte. “La guía permitiría seguir la trazabilidad de las cargas y direccionar inversiones en infraestructura vial según dónde se mueve la producción. Eso beneficia al transportista y a toda la sociedad”, afirmó.
Sin embargo, cuestionó que toda la carga administrativa, legal y eventualmente punitiva recaiga sobre el transportista. En ese sentido, reclamó que los cargadores o propietarios de la mercadería también asuman responsabilidades en el sistema.
Uno de los puntos que más preocupación genera en el sector es la posibilidad de que la guía termine utilizándose para controles laborales o fiscales. Asumendi indicó que el ministerio transmitió esta semana que la herramienta no tendrá implicancias fiscales, algo que calificó como “fundamental” para descomprimir el conflicto.
El dirigente explicó que en el transporte existe desde hace tiempo una discusión sobre el régimen laboral y el pago de los choferes, ya que “el laudo está fijado por hora, pero en la práctica no se paga por hora”.
Según dijo, algunos transportistas temen que la combinación de guía electrónica, GPS y sistemas de monitoreo pueda derivar en un control indirecto de horarios laborales. “Queremos que quede claro que si el Ministerio de Trabajo quiere fiscalizar, lo haga con los mecanismos actuales y no agregando otro elemento que pueda generar más problemas”, señaló.
La tensión aumentó la semana pasada, cuando el ministerio difundió un calendario de implementación de fiscalizaciones, algo que sorprendió a la intergremial porque, según Asumendi, todavía había diferencias importantes sin resolver.
Tras la reunión mantenida este miércoles, el ministerio aclaró que aún no comenzarán las multas ni los controles obligatorios, lo que ayudó a bajar el nivel del conflicto. De todos modos, el sector mantiene sus reparos y analizará los próximos pasos en una asamblea prevista para el 4 de junio.
Asumendi sostuvo que la intención de la intergremial es seguir negociando para lograr “una guía implementable, con menores costos y que también tenga beneficios para el transportista”. “Hace muchos años que siempre caemos en un pozo con este tema. Ojalá podamos terminar el año diciendo que finalmente se pudo avanzar”, destacó.
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