El exministro de Economía y exdirector de la OPP, Isaac Alfie, cuestionó la decisión del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios de aumentar los timbres profesionales vinculados a prestaciones de salud y sostuvo que el Poder Ejecutivo debería vetar la resolución.
En entrevista con Informativo Carve, Alfie calificó la medida como “vergonzosa” y argumentó que no tiene sentido seguir financiando un régimen jubilatorio específico mediante un costo adicional que recae sobre los usuarios del sistema de salud.
“La Caja ya recauda más de 110 millones de dólares anuales por timbres de salud y, sumando otras transferencias del Estado, recibe cerca de 230 millones de dólares por año. No corresponde seguir cargando ese costo sobre los pacientes”, afirmó.
El economista advirtió que el incremento puede desestimular consultas médicas y estudios preventivos. “La prevención es mucho más barata que curar. Si una persona deja de consultar por tener que pagar un timbre, el costo sanitario posterior termina siendo mayor”, señaló.
Alfie sostuvo que la crisis de la Caja Profesional no puede analizarse sin considerar las características históricas de su sistema previsional. Explicó que durante años los profesionales aportaban una tasa inferior a la de otros trabajadores independientes, mientras que las jubilaciones se calculaban sobre los últimos tres años de ingresos y con tasas de reemplazo más elevadas.
“En términos actuariales fue el régimen más beneficioso del sistema. En muchos casos se llegaba a aportar apenas alrededor del 30% de lo que luego se recibía como jubilación”, aseguró.
Además, recordó que durante varios años la Caja otorgó beneficios adicionales, como aumentos y adelantos de pasividades, que consumieron parte importante de sus reservas.
Según Alfie, la legislación vigente habilita al Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución, ya que los representantes del gobierno votaron en contra tras la reconsideración realizada por el Directorio. “Espero que el Poder Ejecutivo resuelva de manera razonable y vete esta decisión”, afirmó.
A su entender, continuar incrementando los timbres solo profundiza el rechazo ciudadano hacia la institución. “El propio Directorio se pone a toda la población en contra cada vez que impulsa este tipo de medidas”, sostuvo.
Alfie también se refirió al costo que implica la producción nacional de biocombustibles para la fijación del precio de los combustibles. Señaló que la mezcla obligatoria de etanol en las naftas genera un sobrecosto para los consumidores y afirmó que todo ese tipo de subsidios constituye «costo país».
Respecto a la situación de Bella Unión, reconoció el argumento social vinculado al mantenimiento del empleo, pero consideró que, después de décadas de subsidios, es necesario encontrar alternativas productivas sostenibles.
