El economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Ramiro Correa, consideró que el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento “va en una dirección correcta” y constituye una iniciativa “necesaria para Uruguay”. Sin embargo, señaló que el texto presenta limitaciones y aspectos que deberían ajustarse durante su discusión parlamentaria.
En su columna semanal en Informativo Carve de Cierre, Correa sostuvo que, si bien el proyecto consta de 240 artículos, que todavía está siendo analizado en profundidad por el equipo técnico del CED, una primera evaluación permite concluir que apunta a resolver problemas de larga data vinculados a la burocracia, la actividad económica y el comercio exterior.
“Resuelve parcialmente y, en algunos casos, completamente problemas de larga data en Uruguay vinculados a carga burocrática, freno a la actividad económica y al comercio exterior. Si se aprueba en términos similares a los planteados, sería un gran avance”, afirmó.
No obstante, recordó que se trata de un proyecto de ley que deberá ser debatido en el Parlamento y que probablemente experimente modificaciones. “La experiencia muestra que los proyectos con impacto económico suelen llegar al Parlamento con mayor ambición que la que finalmente se aprueba”, señaló.
Entre los principales cambios destacados por el economista figura la incorporación del mecanismo de “silencio positivo” para determinados trámites administrativos de bajo riesgo. Según explicó, la iniciativa invierte la lógica actual. En lugar de que el ciudadano deba esperar una autorización expresa del Estado, será la administración la que tendrá un plazo para pronunciarse y, si no lo hace, el trámite se considerará aprobado.
Para Correa, este cambio “pone la presión sobre el aparato burocrático”, aunque aclaró que solo se aplicará a trámites de bajo riesgo, aspecto que deberá quedar claramente definido en la reglamentación.
También valoró medidas destinadas a evitar que distintas oficinas públicas soliciten reiteradamente la misma documentación, facilitando la gestión para empresas y ciudadanos.
Otro de los capítulos que recibió una evaluación favorable fue el referido al comercio exterior. Correa destacó la creación del autodespacho aduanero, que permitirá a las empresas realizar determinados trámites sin necesidad de contratar un despachante de aduanas, siempre que el responsable cumpla con los requisitos previstos por la ley.
Asimismo, resaltó que Uruguay comenzará a reconocer determinadas certificaciones sanitarias y habilitaciones otorgadas por otros países, lo que agilizaría la importación de productos. Sin embargo, consideró necesario que la reglamentación establezca expresamente qué países serán reconocidos para evitar discrecionalidad administrativa.
El economista también subrayó la prohibición de establecer impuestos a las exportaciones en el futuro, una medida que calificó como “absolutamente positiva” por brindar mayor previsibilidad a los exportadores.
En materia de competencia, destacó la posibilidad de que distintos importadores puedan comercializar una misma marca, reduciendo los esquemas de distribución exclusiva que, a su juicio, favorecen situaciones monopólicas y precios más elevados para los consumidores.
Correa también puso énfasis en la transformación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado, con mayor autonomía, presupuesto propio y una estructura que separará las tareas de investigación de las decisiones finales.
A su entender, se trata de “un cambio institucional muy relevante” que fortalecerá el control de las prácticas anticompetitivas en la economía uruguaya.
Pese a la evaluación positiva, el economista señaló algunos aspectos que considera perfectibles. Uno de ellos es que varias medidas dependerán de la reglamentación posterior, por lo que entiende necesario limitar los márgenes de discrecionalidad del Estado para definir qué trámites o productos quedarán alcanzados por las nuevas disposiciones.
Además, cuestionó la creación de nuevas comisiones y mesas de diálogo para seguir analizando problemas que, a su juicio, ya cuentan con diagnósticos suficientes.
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