La semana pasada, la Justicia imputó al exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, por presuntas irregularidades durante su gestión en el Ministerio del Interior, donde ocupó el tercer cargo entre 2010 y 2017.
La acusación se centra en el caso de Víctor Hernández, un ciudadano que quedó parapléjico tras recibir el impacto de una bala perdida en 2013, en el departamento de Rocha, y que fue atendido en el Hospital Policial a pesar de no tener vínculo con la fuerza. Según los cálculos del Ministerio del Interior, esto implicó un desembolso de 260 mil dólares por parte de la cartera y del centro asistencial.
En septiembre de 2024, la fiscal Silvia Porteiro solicitó al Parlamento el desafuero de Carrera con la intención de imputarlo por abuso de funciones, lo que llevó al legislador a renunciar a su banca y a su candidatura en plena campaña electoral.
Tras meses sin avances, y un cambio de fiscal en el caso, la fiscal Sandra Fleitas reformuló la acusación, y solicitó la imputación de Carrera por fraude, falsificación ideológica y uso indebido de información privilegiada. La defensa de Carrera lo que está cuestionando ahora es el cambio de cargos, considerando que no da plazo suficiente para reorganizar la estrategia legal.
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