Uruguay registró en 2024 la mayor cifra de interrupciones voluntarias del embarazo desde que se aprobó la Ley de IVE en 2012. Aunque para las autoridades este aumento no representa una señal de alarma, sí marca un punto de inflexión que obliga a revisar qué aspectos de la política sanitaria pueden mejorar.
Así lo afirmó el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, en diálogo con Informativo Carve Fin de Semana. “No es preocupante desde el punto de vista sanitario, pero sí es un dato que debe llevarnos a reflexionar en qué estamos fallando en la prevención de embarazos no deseados”, sostuvo.
Briozzo explicó que, con 13 años de experiencia acumulada, es momento de perfeccionar una ley que ha demostrado ser eficaz, sobre todo en la reducción de la mortalidad materna. Entre los cambios que se están analizando desde el MSP mencionó:
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Ampliar el acceso a mujeres extranjeras residentes, que hoy no pueden acceder si no tienen cédula uruguaya.
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Extender los plazos legales en casos excepcionales, como cuando hay malformaciones fetales graves.
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Reducir o eliminar los cinco días obligatorios de espera, que no han demostrado beneficio clínico y suelen generar angustia.
Uno de los temas que consideró más graves es la persistencia de embarazos infantiles, con entre 300 y 400 casos anuales en niñas menores de 14 años. Para Briozzo, esta situación constituye una violación de derechos y debe ser abordada como una forma de violencia sexual.
“Ninguna niña debería ser madre. Esas situaciones no pueden discutirse desde lo moral, porque se trata de abuso por definición legal”, subrayó.
Sobre la prevención, insistió en que la educación sexual integral, el acceso garantizado a anticonceptivos y el acompañamiento profesional son las herramientas más efectivas para evitar abortos. “Hemos demostrado que, cuando se aplican estas políticas, el aborto disminuye”, afirmó.
También reconoció que hay desigualdades en la implementación de la ley entre el sistema público y el privado. Mientras en ASSE los equipos funcionan con mayor frecuencia y compromiso, en algunas mutualistas existen dificultades por falta de recursos o por el uso extendido de la objeción de conciencia.
Briozzo concluyó que toda revisión o ajuste a la normativa debe mantener el enfoque en la salud pública, la equidad y los derechos humanos: “La legalización del aborto salvó vidas. Ahora tenemos que asegurar que ese derecho siga siendo efectivo para todas las personas que lo necesiten”.
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