En las últimas semanas, el sistema judicial volvió al centro del debate público en Uruguay. La tensión entre los poderes se hace visible frecuentemente en episodios que generan críticas desde el sistema político a decisiones judiciales.
Uno de los casos más recientes fue la imputación del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, que desató una ola de cuestionamientos políticos, además de investigaciones internas sobre filtraciones de información y sobre la actuación de la fiscal a cargo.
Tanto jueces como fiscales han advertido reiteradamente sobre presiones del sistema político y carencias estructurales que afectan su labor. Denuncian ataques a la independencia, falta de respaldo institucional y sobrecarga de casos.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General sigue sin un titular designado. Mónica Ferrero ocupa el cargo en forma interina desde agosto y no hay acuerdo político para su reemplazo.
Escuchá la entrevista a María Helena Mainard, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay.
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