El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, evaluó la comparecencia de la Universidad de la República (UdelaR) ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Señaló una “enorme brecha” entre lo solicitado por la institución y lo que propone el Poder Ejecutivo.
El legislador destacó que el rector presentó un informe “muy exhaustivo” y “nutritivo”, pero que expuso una situación crítica, y es que la UdelaR está solicitando más de 350 millones de dólares en cinco años, mientras que el Ejecutivo plantea apenas US$ 9 millones adicionales, un 2,5% del pedido.
Según Abdala, esto pone en riesgo la descentralización y apertura de centros en el interior. También la financiación de 3.500 becas estudiantiles ya aprobadas, nuevas carreras de grado y posgrado, asi como las obras y el funcionamiento del Hospital de Clínicas.
“Es un presupuesto regresivo. La participación de la universidad en el PBI caería respecto a lo que proyecta el Ejecutivo para el período”, afirmó.
El diputado señaló que la Universidad Tecnológica (UTEC) ya había advertido que su supervivencia institucional está en riesgo. “Podría tener que cerrar centros en tres departamentos”, advirtió.
En cuanto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), indicó que también existe una “enorme diferencia” entre lo planteado y lo previsto por el Ejecutivo.
Abdala dijo que tanto oficialismo como oposición buscan redistribuir partidas para reforzar a UdelaR y UTEC, en particular en el interior del país.
En paralelo, el nacionalista cuestionó que en el presupuesto se incluyan nuevas cargas impositivas sin haber sido anunciadas previamente. Entre ellas, destacó la extensión del IMESI a fitosanitarios y agroquímicos, y advirtió que esto podría duplicar el precio de fertilizantes y otros insumos.
Señaló que el fundamento ambiental “es débil” y que el control debe hacerse mediante fiscalización, no con impuestos.
En cuanto a la incorporación de una nueva tasa para la caza deportiva, que crea un registro para quienes quieran practicar esta actividad, el diputado dijo que alcanza hasta $180.000 (en UR) y que se suma a una tasa ya existente.
Sostuvo que “no hay contraprestación” y que es “más un impuesto que una tasa”. Considera que esto podría incentivar la informalidad en lugar de combatir la caza ilegal, que es lo que, según las autoridades justifica su implementación.
“Hay una tendencia de resolver todo con impuestos, pero cuando se aplican sin razonabilidad, generan distorsiones y complican la vida de la gente”, remarcó.
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