El futuro de Andrés Ojeda en el Senado está en cuestión.
El secretario general del Partido Colorado, en su calidad de abogado penalista, profesión que desempeñó antes de entrar en política, presentó el 30 de octubre un escrito pidiendo que la Fiscalía reexaminara un caso archivado en 2022. Si bien la fiscal Sylvia Lovesio aceptó el pedido, advirtió que podía suponer una violación del artículo 124 de la Constitución.
En su literal 2, ese artículo prohíbe a diputados y senadores “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”. Y la Fiscalía es, justamente, un servicio descentralizado desde 2015.
El artículo 124 culmina advirtiendo que incumplir esto conlleva “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.
Fue un convencional del propio Partido Colorado quien impulsó este tema y pidió a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado que analice si Ojeda debe ser sancionado.
Escuchá la entrevista al abogado constitucionalista Martín Risso.
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