El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) encabezó en las últimas horas un operativo conjunto con el Ministerio del Interior y Servicios Ganaderos que permitió retirar unos 60 caballos sueltos en distintas zonas de Montevideo, principalmente en Paso de la Arena y en las cercanías de Felipe Cardoso.
Se trata de una intervención sin antecedentes por su volumen, según explicó el director ejecutivo del INBA, Álvaro Buscarons, en diálogo con Informativo Carve del Mediodía.
“Fue un trabajo que se venía gestando desde hacía varias semanas”, señaló el jerarca, quien agregó que la operación se mantuvo en bajo perfil para asegurar su efectividad y es la primera de una serie de intervenciones que el organismo espera continuar tanto en Montevideo como en el interior del país.
Buscarons confirmó que la presencia de caballos sueltos en la vía pública es un fenómeno histórico y extendido.
“Esta problemática está en todo el país. En Canelones, Cerro Largo, Treinta y Tres, Río Negro, Colonia. En muchísimos lugares se ven caballos sueltos”, enfatizó.
El director recordó que, por normativa, un caballo atado con piola en la vía pública también se considera suelto, porque puede zafarse y provocar un siniestro.
Según datos manejados por el INBA, el 4% de la siniestralidad vial en Uruguay involucra un animal, y el costo económico total de los accidentes supera los mil millones de dólares al año. En ese marco, los incidentes con animales pueden representar más de 40 millones de dólares en costos para la sociedad.
Buscarons explicó que el operativo se basa en el decreto 233/22, que distingue dos situaciones, por un lado animales lesionados (interviene directamente el INBA para asignarles un tenedor responsable) y, por otra, animales sueltos en vía pública (la Policía los retira y los mantiene en custodia durante 72 horas. En ese lapso, se intenta ubicar al propietario).
Si el propietario acredita fehacientemente la propiedad, el animal se devuelve. De lo contrario, tras las 72 horas, el INBA puede derivarlo a un donatario o enviarlo a remate. En este operativo en particular, los caballos fueron trasladados a un campo del Ministerio de Defensa, desde donde serán distribuidos a centros de equinoterapia de todo el país, más de 50 según estimó Buscarons.
“Allí van a estar en buenas condiciones y a cumplir una función social en el apoyo terapéutico de personas con diferentes problemáticas”, destacó.
Consultado sobre la posible afectación a familias que utilizan caballos para trabajar, Buscarons dijo que el Estado es consciente y responsable, por lo que “se le va a sacar un caballo a una familia que vive de él. “Hubo casos en que se devolvieron animales cuando se acreditó la propiedad”, indicó.
El jerarca aclaró que muchos de los caballos retirados en estas zonas son utilizados como acopio por rematadores o frigoríficos, que los mantienen en predios públicos sin control, y no pertenecen a familias trabajadoras.
El director informó que no hubo preaviso para este procedimiento, y que así se seguirá trabajando para evitar traslados o movimientos previos que frustren las incautaciones.
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