El tráfico ilícito de armas y de municiones representa un desafío creciente para la seguridad a nivel mundial, y Uruguay no es ajeno a esta realidad.
Este fenómeno no opera en un vacío, sino que está estrechamente vinculado con actos de violencia perpetrados por grupos de delincuentes, siendo el narcotráfico una de las actividades ilícitas más relacionadas con el uso de armas de fuego.
La gran mayoría de armas que se consumen en Uruguay y la región provienen de Estados Unidos, Turquía, Israel, Alemania, Argentina, Bélgica, Hungría y Brasil. En cuanto a municiones los principales fabricantes son Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos.
En paralelo, se puede observar que la violencia relacionada con el crimen organizado ocurre cuando se dan tres factores en simultáneo: La disponibilidad de armas de fuego, la presencia de individuos reclutados que ejercen la violencia, y la existencia de suficiente dinero para comprar esa violencia.
Por ese motivo, para atacar los delitos y reducir la inseguridad, el gobierno debe atacar al menos uno de estos pilares.
El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) tiene un monitor de seguridad que cada mes pone foco en diferentes cuestiones que inciden en este asunto. En setiembre, el informe estuvo centrado en las armas de fuego y los delitos en Uruguay.
El director de Comunicación de CERES, Daniel Supervielle, destacó en Informativo Carve del Mediodía que Uruguay es uno de los países del continente que mayor cantidad de armas tiene per cápita.
Por otra parte, destacó que solo el 4,6% de las armas lícitas se utilizan para cometer algún tipo de delito. En tanto, el 96,4% de las armas que se utilizan para hurtos, rapiñas y homicidios son armas que circulan en lo que se llama el “mercado negro”.
En Uruguay hay 615 mil armas registradas.
En cuanto al ingreso de armas al país, Supervielle destacó que Uruguay no tiene investigaciones profundas y precisas que determinen cómo ingresan las armas al país. Sin embargo, el informe de CERES arrojó que estas ingresan de forma ilegal por carencia de controles en los puntos fronterizos, o que son construidas en el país (ensambladas) tras la compra de las partes en el exterior.
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