El ingeniero químico Jorge Ramada, integrante de la Comisión de Medio Ambiente del PIT-CNT, cuestionó la falta de aplicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos (19.829), aprobada en 2019. “Fue un paso adelante porque incluía la dignificación del trabajo de los clasificadores, pero durante el período pasado prácticamente no se aplicó”, resaltó.
Uno de los puntos más polémicos es la implementación del Plan Vale, impulsado por la Cámara de Industrias. Según Ramada, “es la expresión del incumplimiento de la ley”. Recordó que el objetivo de recuperar el 50% de los envases no retornables para 2025 está lejos de cumplirse. “No llegó ni al 10% y ni siquiera está instrumentado”, indicó.
El PIT-CNT insiste en que la política ambiental debe contemplar la situación de miles de clasificadores que trabajan en condiciones precarias. “En todo el país hay cerca de 3.000 clasificadores en Montevideo y una cifra similar en el interior, pero apenas un 10% está formalizado”, afirmó.
La propuesta sindical se centra en generar salario y trabajo digno. “Planteamos que al cerrar los vertederos se creen plantas de clasificación cercanas, como la de Montevideo, para que los trabajadores pasen a hacerlo en otras condiciones y con una remuneración justa”, contó.
Ramada recordó que experiencias cooperativas como Volver a la Vida, que recupera residuos voluminosos y repara electrodomésticos, muestran que es posible dar un salto de calidad. “El desafío es pensar en planes integrales que no sólo rescaten materiales sino que garanticen inclusión social”, subrayó.
El dirigente insistió en que el camino pasa por aplicar la ley en toda su dimensión, incluido el impuesto a los envases no retornables, que podría haber recaudado más de 300 millones de dólares en cinco años. “Eso hubiera permitido financiar verdaderos planes de recuperación y valorización de residuos”, dijo.
“No sirve de nada juntar plástico si después no sabemos qué hacer con él. El ambiente necesita políticas serias, pero también generar trabajo digno para quienes hoy están en la marginalidad”, enfatizó.
Por otra parte, destacó los avances en la actualización del decreto sobre calidad de agua que impulsa el Ministerio de Ambiente, pero advirtió que persisten graves problemas vinculados al uso de agrotóxicos, la contaminación difusa y la gestión de residuos.
Ramada participó en la elaboración del proyecto de decreto que revisa la normativa de 1979 y que actualmente se encuentra en consulta pública. “Nos parece un avance muy grande respecto a lo que había. Tenemos algunos comentarios de detalle, pero en general es un paso adelante”, señaló en diálogo con Informativo Carve del Mediodía.
El dirigente sindical remarcó la preocupación por el impacto de la actividad agropecuaria sobre la calidad del agua. “En la mayoría de las corrientes aparecen restos de productos usados en la producción que alteran la calidad. El problema más serio está en la cuenca del Santa Lucía, de donde tomamos agua todos”, sostuvo.
Además, enfatizó que los efectos sobre la salud de trabajadores y pobladores están probados. “A pesar de la evidencia, se siguen utilizando agrotóxicos que son tóxicos de por sí, como el glifosato”, indicó.
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