El economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Ramiro Correa, analizó en Informativo Carve de Cierre los últimos datos económicos divulgados en Uruguay, y advirtió por un escenario más complejo de lo previsto para este año, marcado por bajo crecimiento, menor recaudación y nuevas presiones sobre el gasto público.
Por un lado, el Banco Central confirmó que la economía uruguaya creció 1,8% en 2025, un registro inferior al 2,6% proyectado por el gobierno y también por debajo del crecimiento potencial estimado para el país.
Según explicó Correa, se trató de un año “de más a menos”, con un primer semestre de leve expansión y un segundo tramo en contracción en términos desestacionalizados. “La economía terminó prácticamente estancada hacia el final del año”, señaló.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los servicios financieros, el agro y, en menor medida, la industria, en este último caso por la reactivación de la refinería de ANCAP. Sin embargo, otros sectores clave mostraron caídas, como la construcción y el rubro de electricidad, gas y agua.
Uno de los datos que genera mayor preocupación es el bajo dinamismo de la inversión, que creció apenas 0,3% en 2025. Esto llevó a que la tasa de inversión sobre el PIB se ubique en 15,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.
“El nivel de inversión es determinante para el crecimiento de largo plazo. Uruguay debería estar más cerca del 20% si quiere crecer a tasas del entorno del 3%”, advirtió Correa.
De cara a 2026, el CED maneja proyecciones más moderadas que las oficiales. Mientras el gobierno estima un crecimiento de 2,2%, el centro de estudios lo ubica en torno a 1,2%.
Este desfasaje impacta directamente en las cuentas públicas. Según el análisis, la menor expansión económica implicará una recaudación más baja, lo que podría derivar en un desvío del déficit fiscal de entre 0,6 y 0,7 puntos del PIB.
Ante este escenario, el CED plantea la necesidad de un ajuste del gasto público cercano a los 500 millones de dólares, y considera que la próxima Rendición de Cuentas será una instancia clave para corregir supuestos “demasiado optimistas”.
En paralelo, el gobierno anunció un aumento de 7% en los combustibles a partir del 1º de abril, en un contexto de fuerte suba del precio internacional del petróleo, que supera los 110 dólares por barril.
Correa señaló que el ajuste era “esperable”, aunque recordó que el incremento está limitado por la regla fijada por el propio gobierno, que establece un tope de 7% por período.
“El precio debería subir más según la paridad de importación, pero el gobierno está amortiguando el impacto”, explicó.
Sin embargo, esa decisión tiene un costo fiscal. Solo en marzo, las medidas para contener precios, incluyendo combustibles y transporte, implicaron unos 30 millones de dólares, cifra que podría repetirse en los próximos meses.
El economista advirtió que, si se mantiene el contexto internacional adverso, marcado por el conflicto en Medio Oriente, es probable que continúen los aumentos de combustibles, con efectos sobre la inflación y la actividad económica.
En ese marco, el gobierno enfrenta una disyuntiva: trasladar completamente los aumentos internacionales, con impacto en precios y costo político, o contenerlos, asumiendo mayores tensiones fiscales.
“El problema es cuánto tiempo se puede sostener este esquema si el precio del petróleo sigue alto”, dijo Correa.
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