El Parlamento europeo resolvió frenar el trámite del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y remitir el texto al Tribunal de Justicia para un control de legalidad, una decisión que podría demorar hasta dos años la entrada en vigor del acuerdo.
Según explicó en Informativo Carve del Mediodía la vicecanciller Valeria Csukasi, el cuestionamiento no es al contenido del acuerdo sino a la estrategia jurídica utilizada por la Comisión Europea, que dividió el tratado en dos partes, por un lado, una comercial, de competencia exclusiva de la Comisión, y otra política y de cooperación, que requiere la aprobación de los 27 Estados miembros. Esa división permitía que la parte comercial entrara en vigor de forma provisional con el solo aval del Parlamento Europeo, pero ahora ese mecanismo está siendo impugnado.
El Tribunal de Justicia ya intervino en situaciones similares con los acuerdos de la Unión Europea con Canadá y Singapur, procesos que insumieron entre 18 y 24 meses. Aunque existen antecedentes, Csukasi advirtió que los plazos están reglados y que, si el camino judicial se mantiene, el acuerdo podría sufrir una demora significativa.
Para Uruguay y el Mercosur, esta decisión es leída como una nueva maniobra dilatoria de los sectores europeos que se oponen al acuerdo, en particular vinculados al agro y a los cuestionamientos ambientales.
La vicecanciller señaló que la Comisión Europea tiene un “as bajo la manga”, mediante la cual podría poner en vigor provisoriamente la parte comercial sin la aprobación del Parlamento europeo, amparándose en sus competencias exclusivas. Sin embargo, reconoció que se trata de una decisión de alto costo político, difícil de imaginar en el contexto actual de protestas de agricultores y tensiones internas en la UE.
En ese escenario, Csukasi subrayó que una señal clave podría venir desde el Mercosur, si avanza rápidamente en los procesos de ratificación interna. “Si los cuatro países mostramos que de este lado el acuerdo está resuelto, la presión política cambia”, afirmó.
Mientras tanto, el Mercosur deberá encarar un capítulo clave, que es la distribución interna de las cuotas previstas en el acuerdo, entre ellas 99.000 toneladas de carne vacuna, 60.000 toneladas de arroz y 45.000 toneladas de miel.
Csukasi explicó que esa negociación será exclusivamente entre los países del Mercosur, buscando un equilibrio “en el que todos queden igual de satisfechos e igual de insatisfechos”. En el caso de Uruguay, destacó oportunidades claras en carne, arroz y miel, así como beneficios inmediatos como la eliminación del arancel intracuota para la cuota Hilton, que podría significar un ahorro de entre 10 y 15 millones de dólares anuales.
La jerarca también repasó impactos sectoriales. Para los lácteos se mantiene la exclusión de la muzzarella de la cuota europea para proteger el comercio regional, aunque se anticipan debates por indicaciones geográficas y etiquetado.
En el caso de los vinos se habilita el ingreso europeo en envases de hasta cinco litros, sin permitir granel, y se abren oportunidades para exportaciones uruguayas.
Para el pesca el acuerdo podría permitir recuperar el acceso preferencial perdido en 2014, con plazos de desgravación diferenciados.
En referencia al sector automotriz y autopartes, se prevén plazos largos y condiciones más exigentes, con potencial para atraer inversiones y encadenamientos productivos.
Consultada por las compras públicas y empresas públicas, sostuvo que no hay afectación a los regímenes actuales ni a ANCAP, ni a servicios como salud y educación.
Csukasi destacó que el acuerdo crea, por primera vez, un espacio de diálogo político en pie de igualdad entre el Mercosur y la UE, con reafirmación de compromisos internacionales en materia laboral, ambiental y de cambio climático.
En cooperación, subrayó que el Mercosur volverá a ser parte de los programas europeos de cooperación, lo que permitiría a Uruguay acceder nuevamente a fondos para reconversión productiva, inversiones, servicios y formación.
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