Finalizó la 13.ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, que se desarrolló en Montevideo, con la participación de expertos nacionales e internacionales que analizaron los principales desafíos que enfrenta la región.
Ricardo Sabella, consultor especializado en delitos financieros y coordinador del evento, advirtió en diálogo con Informativo Carve de Cierre sobre la necesidad de mejorar la coordinación entre actores públicos y privados para lograr resultados más efectivos.
Durante 2024 se presentaron en Uruguay alrededor de 950 reportes de operaciones sospechosas. Sin embargo, solo 22 de esos reportes derivaron en investigaciones judiciales, lo que representa menos del 2%.
“Con una mano alcanza para contar las condenas por lavado de activos en el último año”, graficó el experto. Este bajo nivel de efectividad pone en duda la calidad de los reportes y la capacidad de respuesta del sistema. “Hay que capacitar mejor a los sujetos obligados para que los reportes sean más útiles, más detallados y con mayor eficiencia”, señaló.
Uno de los problemas que advierte Sabella es la falta de comunicación y colaboración entre entidades públicas y privadas. “El sistema está fragmentado. El privado dice ‘yo reporto pero no pasa nada’, y la justicia a veces no sigue el rastro de los activos”, explicó.
Países como Holanda, Reino Unido y Australia han avanzado en este aspecto al habilitar el intercambio de información entre entidades, lo que ha permitido identificar operaciones sospechosas con mayor rapidez. Sabella considera que Uruguay debería seguir ese ejemplo.
Más allá del cumplimiento normativo, el coordinador del congreso subrayó que la motivación principal para mejorar el sistema debería ser el impacto social. “El lavado de activos no es un delito abstracto. Es el dinero sucio que financia la estafa, el fraude, el narcotráfico y la violencia. La convivencia, la seguridad y la calidad de vida están en juego si no interceptamos ese dinero”, advirtió.
Consultado sobre el riesgo de que Uruguay ingrese a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Sabella señaló que el país no está actualmente incluido, pero hay advertencias por ciertas debilidades estructurales.
“La próxima evaluación del GAFI será en 2030. La reciente aprobación de la Estrategia Nacional contra el Lavado y algunos ajustes regulatorios pueden ayudar a evitar ese escenario, siempre y cuando se apliquen con seriedad”, afirmó.
En el Parlamento se analiza una modificación de la Ley Integral contra el Lavado de Activos. Para Sabella esto representa avances importantes, como ajustes en la debida diligencia o en la terminología, pero también hay medidas que generan dudas, como la limitación de operaciones en efectivo a 40 mil dólares.
“No alcanza con bajar el monto permitido en efectivo si no se fortalecen los controles. El que antes lavaba 150 mil en una operación, ahora hará tres operaciones de 40 mil. Sin controles efectivos, solo cambia la forma, no el fondo”, concluyó.
Escuchá la entrevista completa.
En Soundcloud:
En Spotify:
