El fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, solicitará la imputación de Ana Iewdiukow, esposa y socia de Pablo Carrasco, uno de los fundadores de Conexión Ganadera, por el delito de lavado de activos, luego de que el Banco Central del Uruguay detectara transferencias por más de dos millones de euros hacia España desde cuentas vinculadas a Carrasco.
Iewdiukow ya está formalizada por estafa y cumple arresto domiciliario, pero la nueva acusación podría cambiar su situación. Según explicó el abogado penalista Juan Pablo Decia, que representa a unos 200 inversores damnificados, la Fiscalía entiende que esos movimientos podrían configurar conversión o transferencia de bienes provenientes de actividades ilícitas.
“En esos casos el fiscal debe pedir prisión preventiva, porque la ley presume riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación”, señaló Decia en entrevista con Informativo Carve del Mediodía.
El abogado subrayó que una imputación por lavado no solo tiene relevancia penal, sino también económica, ya que habilita el uso de herramientas internacionales para rastrear bienes o cuentas en el exterior.
“Cada vez que hay un delito precedente como estafa o apropiación indebida, la justicia tiene la obligación de investigar el componente económico. A través del delito de lavado se puede detectar e incautar patrimonio que luego se vuelca al concurso”, explicó.
Hasta el momento, la justicia embargó bienes por unos 16 millones de dólares, pertenecientes a sociedades vinculadas a Gustavo Basso y Pablo Carrasco. Sin embargo, el pasivo total del caso supera los 380 millones de dólares, mientras que los activos biológicos (el ganado) no llegan a 50 millones.
“El déficit de Conexión Ganadera será mucho mayor que los 250 millones anunciados al inicio. Esto muestra lo crítico del panorama para los inversores”, dijo Decia.
El penalista cuestionó la lentitud del proceso penal y reclamó que se avancen medidas contra los mandos medios, escribanos y familiares que habrían colaborado o recibido bienes ilícitos. “Hay unas 30 personas bajo el radar de la fiscalía, pero al menos diez deberían tener medidas cautelares y embargos. El tiempo es crucial, si no se actúa rápido, los bienes desaparecen”, advirtió.
Decia mencionó además que algunos imputados habrían movido fondos incluso después del concurso, como en el caso de Daniela Cabral, quien, según un informe del Banco Central, habría recibido más de 325.000 dólares entre enero y marzo de 2025, cuando ya pesaban embargos sobre el patrimonio del grupo.
El abogado también reclamó revisar el arresto domiciliario de Cabral, que cumple en Punta del Este, por considerar que lo hace en un inmueble presuntamente adquirido con dinero de la estafa.
En el ámbito civil, el síndico del concurso de Conexión Ganadera trabaja en un inventario de bienes que se presentará en noviembre. La Dirección General Impositiva presentó una verificación de créditos por unos 9 millones de dólares.
Uno de los puntos clave es un convenio con el frigorífico Casa Blanca, que mantiene una deuda con Conexión Ganadera de unos 25 millones de dólares. El acuerdo permitiría recuperar entre 8 y 10 millones en un plazo de diez años.
Decia advirtió que el proceso de recuperación llevará varios años y que aún restan definir conflictos entre bonistas y tenedores de ganado, además de las formas de distribución de los activos.
“Son procesos largos, pero cada avance en lo penal puede ayudar a incrementar los fondos para repartir entre los damnificados”, concluyó.
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