El proceso concursal por la caída de los fondos República Ganadera y Conexión Ganadera continúa su marcha, con plazos aún abiertos y un volumen documental sin precedentes. Así lo explicó en diálogo con Informativo Carve del Mediodía el abogado Juan Pablo Decia, quien representa a un grupo de inversores afectados por ambos esquemas.
Decia explicó en qué etapa se encuentran los concursos de República Ganadera y Conexión Ganadera. También se refirió al avance de la causa penal y la expectativa de que haya formalizaciones antes de la feria judicial.
Respecto a República Ganadera, Decia indicó que “se presentó por parte de los abogados de la empresa un proyecto de acuerdo de reestructuración que requiere ser examinado por parte de los acreedores con una mirada técnica ganadera, no jurídica”.
Según precisó, se trata de una propuesta a nueve años para devolver el 100% de la deuda, pero que “requiere una mirada profesional de ingenieros agrónomos, de técnicos ganaderos que puedan asesorar a los acreedores en cuanto a la factibilidad”.
Recién una vez validado el plan desde el punto de vista técnico se iniciará el análisis jurídico de las garantías y del fideicomiso propuesto. La junta de acreedores está prevista para el 30 de septiembre, y aún se está en plazo.
“La síndico, la doctora Zamira Ayul, tiene plazo hasta el 22 de junio para presentar el inventario y la lista de acreedores”, señaló Decia.
En el caso de Conexión Ganadera, cuyo plazo para que los acreedores se presentaran venció el 24 de abril, el síndico solicitó una prórroga para presentar el inventario y la lista de acreedores. El motivo es que el juzgado aún no le entregó la totalidad del expediente en debida forma.
“Son arriba de diez piezas de expediente con miles de fojas, y el juzgado todavía no terminó de coserlas. Entonces, al no haberle entregado esas piezas en debida forma al síndico, técnicamente no le está corriendo el plazo”, explicó Decia. El juzgado concedió una prórroga sin plazo determinado, aunque se estima que la presentación podría demorar entre 30 y 60 días adicionales.
Para Decia, la situación es comprensible debido a que “es un concurso de dimensiones inusitadas”, que “sobrecargó muchísimo a la oficina, al punto que la Suprema Corte tuvo que proveer recursos humanos y materiales”. Añadió que el síndico ya empezó a verificar créditos en la medida que recibe documentación, aunque “técnicamente no está corriendo el plazo”.
Sobre el monto total que podría reclamarse, el abogado fue prudente y sostuvo que no debería hablarse de porcentaje ni de números hasta tanto no esté presentado el inventario y la lista de acreedores. Sin embargo, anticipó que “va a ser una suma sensiblemente menor” a los 400 millones de dólares que se manejaban inicialmente. Estimó que estaría “por debajo de los 300 millones de dólares”.
En paralelo, avanza el proceso penal, a cargo del fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez. Según relató Decia, ya se tomaron declaraciones a varios imputados de jerarquía media.
Según explicó, los fiscales de Delitos Económicos de 1er Turno, de quienes depende el caso, están “ultimando detalles” para formalizar la investigación contra los responsables de la empresa. Entre las pruebas reunidas figuran los testimonios de los propios damnificados, documentación interna de la firma, las actuaciones del Banco Central y las actuaciones del síndico del concurso.
Además, se incautaron caravanas con chips de trazabilidad en distintos establecimientos del país, lo que permitiría determinar si los animales existieron realmente, si fueron vendidos varias veces a diferentes inversores y si hubo manipulación de los registros.
Decia señaló que el volumen de información ha sido “enorme” y que el trabajo de la Fiscalía se ha centrado en armar una línea de tiempo clara que demuestre cómo operaba el modelo de negocios de la firma, cómo se captaban inversores y cuál era el destino del dinero. “Hay mucha evidencia acumulada y es probable que las formalizaciones se realicen antes de la feria judicial”, estimó.
De todos modos, aclaró que no necesariamente la formalización penal implicará una mejora directa para los damnificados en términos de recuperación de sus inversiones. En ese sentido, recordó que el proceso concursal no ha permitido hasta ahora identificar activos suficientes y que las expectativas de cobro son muy reducidas. “La mayor utilidad de la vía penal, en este caso, es lograr justicia y eventualmente responsabilizar penalmente a quienes hayan cometido delitos, pero desde el punto de vista económico, el daño ya está hecho”, afirmó.
En total, más de 2.000 personas invirtieron en el modelo de “ganado en hotelería” que ofrecía Conexión Ganadera, una firma que llegó a tener fuerte presencia mediática, alianzas con frigoríficos y presencia en exposiciones rurales.
El escándalo estalló en 2022, cuando comenzaron a acumularse las denuncias de inversores que no recibían ni los animales ni el retorno prometido. La investigación sigue en curso, con un expediente que ya supera las 7.000 fojas y que se perfila como uno de los casos de presunta estafa más relevantes del sector agropecuario uruguayo.
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