La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, aseguró en diálogo con Informativo Carve del Mediodía que se trabaja contrarreloj para destrabar el conflicto en el transporte, pero advirtió que hay situaciones que trascienden al Estado.
A horas del posible paro nacional del transporte convocado por la UNOTT para este jueves, el gobierno aún no encuentra una salida al conflicto en Copsa. La empresa mantiene atrasos salariales con sus trabajadores, que ahora podría escalar a un paro de 24 horas en todo el sistema de transporte.
“Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para encontrar una fórmula que permita abonar los salarios adeudados, pero al momento no hay certeza de que aparezca el dinero hoy”, admitió Barrios.
La jerarca explicó que Copsa atraviesa una situación financiera crítica, con dos concursos de acreedores en simultáneo, lo que complica cualquier maniobra estatal directa. “No todo depende del Estado. Esta es una empresa que ya ha recibido apoyos públicos y tiene responsabilidades propias que debe cumplir”, remarcó.
En cuanto a la situación de las empresas lácteas, con Conaprole que confirmó el cierre de su planta en Rivera y Claldy que avanza con el despido de 50 trabajadores como parte de una reestructura, Barrios destacó que se tratan de dos situaciones complejas, que sin dudas perjudican al sector, pero que son diferentes.
En el caso de Claldy, se trata de una reestructura para asegurar la viabilidad de la empresa, lo que implicará la pérdida de 50 puestos laborales. En Conaprole, en cambio, no hay problemas financieros, la decisión empresarial de cerrar la planta responde a una estrategia para mejorar la rentabilidad.
El sindicato se opone al cierre, argumentando el impacto negativo en el empleo local y la posibilidad de aplicar medidas de ahorro que eviten esta decisión. Barrios valoró las propuestas sindicales, pero reconoció que la empresa considera que no serían suficientes. Se prevé una nueva instancia de negociación para el viernes.
Por otra parte, está abierto el conflicto en el sector pesquero, que continúa detenido, con más de 2.000 trabajadores sin actividad y millonarias pérdidas acumuladas.
Barrios confirmó que el conflicto en la pesca se mantiene sin avances, pese a una reciente reunión tripartita que reunió nuevamente a empresarios y trabajadores en la Dirección Nacional de Trabajo. “Estamos trabajando con distintos organismos del Estado para aportar a una solución, aunque el rol del Ministerio es de conciliación y no de arbitraje”, aclaró.
El Poder Ejecutivo evalúa medidas con el Ministerio de Industria, de Ganadería y Prefectura para destrabar la situación. La directora advirtió que incluso después de una eventual salida, será necesario repensar el modelo del sector. “Es una industria con problemas estructurales de relacionamiento, que necesita atención nacional y políticas de desarrollo”, agregó.
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