La actividad marítima en Uruguay vuelve al centro del debate tras las denuncias de la Intergremial Marítima, que nuclea a varios sindicatos del sector. Los trabajadores advierten sobre una combinación de problemas que, aseguran, afectan tanto el empleo como la soberanía en aguas nacionales, en una visión que contrasta con la postura de las cámaras empresariales.
En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, el dirigente sindical Facundo Montaña sostuvo que las irregularidades abarcan todo el sector marítimo, incluyendo tanto la marina mercante como la industria pesquera, aunque con problemáticas específicas en cada caso.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al uso de los llamados waivers, permisos especiales que habilitan a embarcaciones extranjeras, con tripulación extranjera, a operar en aguas uruguayas.
Según Montaña, estos permisos, que por ley deberían ser excepcionales, se han vuelto habituales. De acuerdo a un relevamiento sindical, entre 2022 y agosto de 2024 se otorgaron 231 waivers, lo que habría implicado la pérdida de unos 4.000 puestos de trabajo para marinos uruguayos y millones de horas de aportes al sistema previsional.
“El Uruguay tiene soberanía marítima en el mapa, pero en la práctica está extranjerizado”, afirmó.
Actualmente, el sector cuenta con unos 2.500 trabajadores cotizantes, mientras que cada año egresan alrededor de 150 marinos de las tres escuelas de formación.
Sin embargo, según el sindicato, muchos terminan reconvirtiéndose en otros rubros ante la falta de oportunidades laborales en el mar.
En el caso de la pesca, los trabajadores denuncian que más del 50% de la flota está inactiva desde diciembre y que la actividad se ha ido transformando en un esquema “zafral”, concentrado en los meses de mayor captura.
Montaña cuestionó los argumentos empresariales sobre la falta de rentabilidad y aseguró que los números del sector no son transparentes. Como ejemplo, señaló la diferencia entre precios de exportación y lo que perciben los trabajadores:
Corvina: USD 1.000 por tonelada en exportación vs. USD 430 para el trabajador
Pescadilla: USD 1.000 vs. USD 330
Además, apuntó que algunas empresas han aumentado su flota en los últimos años, lo que, según dijo, contradice la idea de un negocio inviable.
Otro de los puntos más polémicos refiere a las condiciones laborales en embarcaciones de altura. El sindicato denunció situaciones de “semiesclavitud”, particularmente en tripulaciones extranjeras.
Según Montaña, hay trabajadores, principalmente asiáticos, que permanecen hasta un año y medio embarcados sin poder descender, con salarios cercanos a los USD 500 mensuales y sin condiciones adecuadas.
Estas situaciones, afirmó, fueron denunciadas ante Inspección de Trabajo y organismos de derechos humanos, aunque hasta ahora, según el sindicato, sin respuestas contundentes.
Desde el sector empresarial, en tanto, se rechazan estas afirmaciones. El presidente de la Cámara de la Industria Pesquera, Juan Riva Zuccelli, aseguró que las condiciones laborales están reguladas y negó que exista “semiesclavitud”, destacando que los trabajadores cuentan con descansos entre viajes y marcos legales para denunciar irregularidades.
Los sindicatos también cuestionan el rol de la Prefectura Nacional Naval, a la que acusan de concentrar demasiado poder en la autorización de waivers y de no ejercer controles adecuados sobre las condiciones laborales en los buques.
Asimismo, reclaman respuestas del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el ingreso y situación de tripulantes extranjeros.
El conflicto se amplía con el rechazo sindical a las tareas de prospección sísmica en aguas uruguayas. Los trabajadores sostienen que estas prácticas afectan la pesca —con antecedentes de caída de capturas— y no generan empleo local, ya que los buques operan también bajo régimen de waiver.
La Intergremial Marítima convocó a una movilización para el próximo 29 de abril en la playa de Pocitos, que incluirá una concentración de embarcaciones, con el objetivo de visibilizar sus reclamos.
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