La justicia desestimó el recurso de amparo presentado contra el plan de control de cotorras y habilitó la continuidad de las medidas impulsadas por el Ministerio de Ganadería para enfrentar una plaga que provoca pérdidas severas en la producción granjera y frutícola del sur del país.
Según explicó en entrevista con Informativo Carve del Mediodía el ingeniero agrónomo Ramiro Vacca, director técnico de la Dirección General de la Granja (Digegra), los daños provocados por la sobrepoblación de cotorras alcanzan hoy entre 30% y 50% en algunos cuadros frutícolas, con productores que registran hasta un 20% de pérdida de su producción anual.
“Estamos en una situación de sobrepoblación que no permite que otras prácticas de manejo tengan efecto. Hay más población de la que se puede controlar con medidas culturales”, señaló Vacca.
El impacto de la plaga se verifica en el Manejo Regional de Plagas Frutales, un programa que funciona desde hace 13 años y que involucra a 291 predios con asesoramiento técnico, monitoreo semanal y prácticas orientadas a reducir el uso de insecticidas.
Dentro de ese universo, 63 predios presentan daños graves, aunque la afectación alcanza a más del 90% de los establecimientos monitoreados. En términos productivos, Vacca explicó que una planta de manzana con un potencial de 20 kilos puede llegar a cosechar apenas 8 a 10 kilos debido al ataque de las cotorras.
Las zonas más comprometidas son Montevideo y Canelones, pero también se registran daños crecientes en San José y Colonia, incluso en áreas donde el problema no era significativo hasta hace pocos años.
Además de reducir el volumen de producción, el daño afecta la calidad de la fruta. Los frutos picados no tienen valor comercial y, en muchos casos, terminan descomponiéndose en el suelo. “Los costos de manejo del cultivo se mantienen iguales, pero se reparten sobre una producción mucho menor, lo que encarece fuertemente el sistema”, explicó Vacca.
A esto se suma que las heridas provocadas por las aves pueden favorecer el ingreso de enfermedades y agravar otros problemas sanitarios en los montes frutales.
Tras el rechazo del amparo, se mantiene el decreto que autoriza de forma excepcional el uso de principios activos para el control en nidos, bajo protocolos específicos y con un manual de manejo de los residuos para evitar impactos ambientales.
También se avanzará en controles zonales en áreas de mayor afectación, coordinados con organizaciones de productores y con aviso previo a las comunidades involucradas.
“El objetivo no es erradicar una especie, sino reducir la población para que los daños sean tolerables, como se hace con cualquier otra plaga”, subrayó el director técnico de Digegra.
Si bien el impacto de las medidas será limitado en la zafra actual, ya que muchos cultivos sufrieron daños desde la etapa de yema, las autoridades apuntan a que la reducción poblacional tenga efectos más claros a partir de la próxima primavera, durante el período de postura, considerado clave para frenar el crecimiento de la plaga.
En paralelo, el MGAP analiza nuevas alternativas de control y servicios complementarios que puedan incorporarse a la estrategia de manejo a mediano plazo.
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