La consejera de la ANEP advirtió que el episodio de violencia que se vivió en la Escuela 123 de Jardínes del Hipódromo no fue un hecho aislado, sino que reflejo de una situación social más amplia, y reclamó una mesa interinstitucional de acción para abordar la convivencia en los centros educativos.
La consejera electa por los docentes en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Daysi Iglesias, se refirió al violento episodio ocurrido el pasado miércoles en la escuela Nº 123, donde una madre y un grupo de jóvenes irrumpieron en el centro, agredieron a una niña, a su madre y amenazaron a varias personas de la comunidad educativa.
El hecho generó momentos de gran tensión y miedo, con docentes y alumnos que debieron encerrarse en los salones mientras se producía el disturbio.
Iglesias fue una de las primeras autoridades en llegar al lugar. Según relató, “el personal está angustiado. Puede ser que trate de recomponerse, pero esta huella que les dejó va a ser difícil de subsanar, porque si uno tiene que encerrarse en un salón para cuidar a los niños y le empujan la puerta diciéndole que lo van a golpear, queda en estado de shock”.
Agregó que este tipo de situaciones profundizan lo que la literatura pedagógica denomina “malestar docente”, una sensación de ahogo e impotencia que afecta a muchos maestros y maestras frente a contextos complejos.
Consultada sobre si estos hechos de violencia son cada vez más frecuentes, Iglesias señaló que se trata de un problema extendido en toda la sociedad. “No tenemos una situación escolar, tenemos una grave situación escolar inserta en una muy complicada situación de barrios y territorios”, sostuvo.
Comparó lo sucedido con otros episodios de violencia juvenil registrados en liceos y centros del interior del país, e incluso con agresiones en ámbitos de la salud pública.
La consejera consideró que las medidas anunciadas por ANEP y el Ministerio del Interior, como el refuerzo policial en escuelas y programas de convivencia, “retoman fórmulas conocidas”, como el plan Pelota al Medio, vigente desde 2015, o la extensión de guardias de seguridad.
“Hay problemas que vienen desde hace mucho tiempo y no se pueden seguir resolviendo con las mismas herramientas; necesitamos una mesa de acción interinstitucional”, subrayó.
Esa mesa, explicó, debería integrar a Interior, INAU, Mides, la Justicia y la ANEP, para coordinar respuestas concretas ante situaciones de emergencia, garantizar una atención prioritaria en salud mental para niños y adolescentes, y reforzar la presencia estatal en los barrios.
“En casos como este, media hora de demora policial es mucho tiempo cuando hay 400 niños en riesgo”, ejemplificó.
A su vez, Iglesias advirtió sobre la falta de recursos presupuestales para políticas de inclusión. “En el mensaje del Poder Ejecutivo no había ningún fondo previsto para cargos de inclusión, y ese es el tema del día”, señaló. Destacó que la Cámara de Diputados votó una reasignación de 60 millones de pesos para esos cargos, y expresó su esperanza de que el Senado mantenga la partida.
“Hay que recuperar el diálogo, integrar miradas y pasar de los diagnósticos a la acción. No podemos seguir funcionando en compartimentos estancos”, concluyó.
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