Tras el cuarto suicidio de un efectivo en lo que va del año, la Coordinadora de Sindicatos Policiales, que reúne a 13 gremios de todo el país, se reunió esta semana con autoridades del Ministerio del Interior para abordar la crítica situación de salud mental en la fuerza.
En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, Rudeber Buela, presidente del Sindicato de Policías Agremiados Canarios (SAPC) y vocero de la coordinadora, explicó las causas del problema y las propuestas presentadas.
“Es una situación multicausal” que desencadena de una problemática estructural, con múltiples carencias institucionales, operativas y humanas.
“La policía es el brazo ejecutor muchas veces de la justicia, (pero) es una institución del Ministerio del Interior que no ha gozado de la apoyatura necesaria, al menos en lo formativo, en generar políticas de prestigio de la función”, sostuvo.
Buela relató que los policías trabajan muchas veces en condiciones precarias, en zonas de alta exposición al riesgo, y deben asumir tareas que exceden lo estrictamente policial. “Las acciones para un policía son muy importantes y muy numerosas. El abordaje de violencia doméstica, de accidentes de tránsito, de riñas entre vecinos, es constante. Verdaderamente, las situaciones operativas en un día de guardia pueden ser de las más diversas, inesperadas en el tiempo e inesperadas en la situación”, señaló el efectivo.
Sobre el reciente caso de un suicidio ocurrido cerca de la Seccional 18 de Montevideo, Buela remarcó que la situación “no es nueva” y que muchas veces la atención institucional es inexistente. “Me tocó participar en un triple homicidio en Las Piedras… Me resultó difícil poder conciliar el sueño durante largo tiempo. El único que me preguntó algo fue un sargento viejo. El abordaje institucional no apareció, no por falta de sensibilidad, sino porque es una máquina que lo digiere todo”, recordó.
Además de la sobrecarga emocional, el vocero sindical señaló que el sistema actual castiga económicamente a los policías que buscan ayuda psicológica. “Si un policía quiere acudir o necesita acudir a un servicio de salud mental, corre el riesgo de que le bajen el sueldo”, advirtió. “Cae enfermo y automáticamente se da la circunstancia del desarme, quítese el arma y el chaleco… pero eso no debería acarrear un perjuicio económico”, agregó.
Buela detalló que, al recurrir a Sanidad Policial por sobrecarga emocional, los funcionarios enfrentan una serie de descuentos y recortes. “Pasado cierto tiempo, ya el seguro transitorio por incapacidad parcial implica un recorte de 50% del salario, previa pérdida del 222, de la nocturnidad, de la partida preventiva. Cuando quiere acordar, la persona se encuentra cobrando 25 mil pesos por mes, pagando un alquiler y comiendo”, indicó.
Frente a esto, la Coordinadora presentó al Ministerio del Interior un proyecto de atención a la salud mental que incluye tres ejes: eliminar el perjuicio económico por atención psicológica, garantizar al menos una sesión mensual por funcionario y generar instancias de autocuidado.
“El compañero que descubra que ese es un espacio bueno para visitar hasta puede llegar a pagar otra de su bolsillo. Pero que por lo menos una esté garantizada en el presupuesto”, dijo Buela.
También reclamó por el atraso en la incorporación de herramientas operativas no letales. “En el procedimiento en el que participé yo, capaz que de haber tenido unas pistolas eléctricas lo abatíamos a tres o cuatro metros y lo trasladábamos al nosocomio. Y se acabó. Eso no existe”, denunció.
“Estamos yendo a cometidos que no solo no tenemos la preparación para abordarlos, sino que están muy reñidos con si son o no policiales. Debería haber, en apoyo de la policía, un equipo de salud, porque lo que amerita es una persona con una enfermedad”, añadió.
El dirigente también puso el foco en la sobreexigencia laboral, que lleva a muchos efectivos a trabajar en servicios 222 o realizar tareas ajenas a su formación. “El policía está multiempleado, o porque te maneja una ambulancia o porque labura en un supermercado. La no especialidad en el salario implica que la gente va con lo que tiene y es así, porque lo que manda es la olla”, enfatizó.
Finalmente, destacó como un avance la apertura del gobierno al diálogo con los sindicatos, algo que no ocurrió en la administración anterior. “Vemos materializándose un discurso electoral hoy ya en funciones, de recibir a los sindicatos policiales que estábamos excluidos.
La Coordinadora pasó el gobierno pasado de estar completamente excluida de la negociación”, subrayó. “Saludamos la recepción. El tiempo dirá si nos siguen recibiendo, pero se entregó en mano el proyecto de salud mental y una serie de reivindicaciones, que incluyen el reclamo salarial, la situación habitacional y la necesidad de mejorar la formación policial como medida para paliar la salud mental”, dijo.
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