La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, habló con Informativo Carve del Mediodía sobre las cifras que se conocieron recientemente sobre licencias médicas, la devolución del FONASA, el aumento de pasividades, la extensión del bono escolar y los desafíos institucionales del organismo.
A diciembre de 2025 había 143.000 certificaciones médicas, 106.000 personas certificadas, y 53.700 subsidios por enfermedad efectivamente a cargo del BPS. Pardo explicó que no toda certificación médica se traduce en un subsidio pagado por el organismo.
Esto ocurre porque muchas personas certificadas no cumplen los requisitos para cobrar subsidio o porque sus organismos de origen tienen sistemas propios de cobertura.
Pardo aclaró que el BPS no fiscaliza si la certificación está bien o mal emitida, ya que la emisión es responsabilidad del prestador de salud. El organismo sólo centraliza la información y la administra.
El crecimiento de personas certificadas (cercano al 8% respecto al año anterior) plantea preguntas sobre si se trata de un cambio coyuntural o estructural.
Pardo detalló que las patologías más frecuentes en 2025 fueron dolores de espalda y lumbalgias, trastornos de ansiedad y depresión, y gastroenterocolitis.
“Para saber si esto es permanente o transitorio se necesita un estudio profundo”, afirmó. El BPS tiene la información, pero no es necesariamente el organismo que debe liderar ese análisis.
Pardo dijo que los subsidios por enfermedad no representan el grueso del gasto del BPS. Las pasividades (jubilaciones y pensiones) absorben más del 86% de los egresos.
En el caso de trabajadores públicos, el subsidio desde el día 13 está a cargo del organismo de origen y no se computa como gasto del BPS.
El Diálogo Social impulsado por el Poder Ejecutivo ingresó en una fase clave de negociación, con el objetivo de cerrar acuerdos en abril de este año y avanzar luego hacia la elaboración de proyectos de ley que serán enviados al Parlamento.
Pardo detalló que el proceso se rige por un decreto que fija plazos, metodología de trabajo e integración de la comisión.
El Diálogo Social comenzó a funcionar formalmente en julio del año pasado y atravesó una primera etapa de recopilación de insumos, que se extendió hasta noviembre. En ese período se realizaron conversatorios en todo el país, seminarios temáticos y más de 70 audiencias con organizaciones sociales, empresariales, sindicales y otros actores.
A partir de diciembre se inició la búsqueda de acuerdos, etapa que tuvo un receso durante enero y se retomó en febrero. En esta fase, la comisión ejecutiva, integrada por representantes del gobierno, del BPS, de trabajadores, jubilados, empresarios y organizaciones vinculadas a infancia, cuidados y discapacidad, trabaja sobre temas concretos con el objetivo de alcanzar consensos.
El calendario fijado establece que los acuerdos deberán estar definidos en abril, momento en el que el Poder Ejecutivo tomará esos consensos como base para realizar los estudios técnicos y de viabilidad necesarios. Posteriormente, se avanzará en la redacción de los proyectos de ley correspondientes, con la intención de que ingresen al Parlamento antes de fin de año.
Desde el BPS subrayan que el Diálogo Social no culmina con la firma de acuerdos, sino que constituye un proceso previo indispensable para ordenar propuestas, evaluar impactos y construir soluciones sostenibles en el tiempo, especialmente en áreas sensibles como la seguridad social, el sistema previsional y las políticas de cuidados.
La devolución del FONASA en 2026 se hará con los parámetros antiguos, ya que el decreto que reformó el cálculo entra en vigor para la devolución de 2027. Esto se debe a ajustes actuariales del costo promedio equivalente, una fórmula utilizada para estimar aportes futuros en el sistema previsional. Aunque hubo cambios, el decreto buscó que el aporte mínimo de quienes facturan como servicios personales no aumente.
Pardo anticipó que próximamente se presentará un proyecto de ley para regularizar estos criterios.
Una de las noticias centrales es que el bono escolar en 2026 se ampliará a unos 171.000 estudiantes en contexto de vulnerabilidad, frente a los 114.000 del año pasado. El monto es de $2.500, a pagar a partir del mes de marzo. Podrán cobrarlo junto con la asignación familiar o en redes de cobranza.
“El objetivo es dar un alivio económico al inicio del ciclo escolar”, señaló Pardo.
Las jubilaciones y pensiones tuvieron un aumento definitivo de casi 6% (5,97%), que representa un crecimiento real de 2,32% sobre inflación. En febrero se pagó un adelanto del 5,72%, y en marzo se liquidará el aumento completo y el ajuste retroactivo de enero.
Pardo destacó avances en la reducción de expedientes atrasados, que pasaron de más de 58.000 a unos 42.000, con mayor disminución en los de mayor antigüedad. Además, se implementaron mejoras tecnológicas que permitieron reducir el tiempo de tramitación de jubilaciones y reconocimientos de servicios de 50 a 15 minutos, y autenticación de consultas por teléfono vía SMS para evitar desplazamientos innecesarios.
El BPS también incluyó en el presupuesto un proyecto de modernización de sistemas que demandará unos cuatro años.
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