La diputada del Frente Amplio, Graciela Barrera, presentó este lunes un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer cómo se instruye a los policías que cumplen funciones en centros de salud. La iniciativa surgió a raíz del fallecimiento de un paciente en el Hospital de Clínicas, abatido por un efectivo policial en medio de una crisis psiquiátrica.
“Me parece que un policía en un centro de salud no debería estar armado”, expresó Barrera, quien argumentó que, en estos contextos, deberían utilizarse mecanismos de disuasión no letales y priorizarse el cuidado de la vida humana.
“La vida es lo único que no se puede volver a generar”, dijo, recordando que su militancia social nació tras la muerte de su hijo en una rapiña, hace 16 años.
Para la legisladora, el caso ocurrido hace algunos días en el Clínicas amerita revisar la formación que reciben los policías en derechos humanos y atención a personas en situación de vulnerabilidad.
“Quiero saber si la formación que había comenzado hace una década se sigue manteniendo. Antes me habían invitado a participar en la Escuela de Policía, pero no sé si eso se ha continuado. Hay que ver si hay un seguimiento psicológico para los propios policías, que también son personas”, sostuvo.
La legisladora aclaró que su planteo no busca confrontar con el gobierno ni con el Ministerio del Interior, liderado por una figura de su misma fuerza política. “No estoy combatiendo a nadie. Estoy tratando de aportar. Si hay otra forma de hacer las cosas, bienvenida sea”, afirmó.
En paralelo al pedido de informes, Barrera ha intensificado sus recorridas por unidades penitenciarias. Según advirtió, el estado del sistema carcelario es preocupante y tiene impacto directo en la seguridad pública. “Mientras no mejoremos el sistema carcelario, es imposible mejorar el afuera”, afirmó.
Entre las situaciones que le generan más preocupación mencionó el deterioro del polo industrial del Comcar, que solía ser un espacio destacado de trabajo y rehabilitación. “Antes parecía un hormiguero, todo el mundo trabajando. Ahora no hay casi nada”, lamentó. También criticó el escaso uso del centro de preegreso y la falta de funcionamiento de un hospital dentro del complejo, equipado pero sin personal ni insumos.
A pesar de las carencias, valoró el esfuerzo de los funcionarios y operadores penitenciarios. “Desde el director para abajo, todos tratan de aportar. Pero no alcanza si no hay insumos, si no hay políticas claras”, explicó.
Barrera también visitó la Unidad 5 y la Unidad 9, donde residen mujeres privadas de libertad junto a sus hijos pequeños. “Estamos generando desigualdad desde chiquitos. Un niño que tiene que ir al CAIF escoltado por un policía ya empieza su vida con una marca”, denunció. En ese sentido, propuso repensar las condiciones de reclusión para madres con hijos y avanzar hacia modelos de cárceles pequeñas, más humanas y adecuadas para la infancia.
Uruguay se encuentra entre los países con mayor tasa de encarcelamiento del mundo, algo que para Barrera no se traduce en más seguridad. “Tenemos miles de personas presas por penas menores a un año, muchas por menos de seis meses. ¿Qué rehabilitación es posible en tan poco tiempo? Lo único que hacemos es barrer debajo de la alfombra”, cuestionó.
La diputada abogó por un mayor uso de medidas alternativas, como la justicia restaurativa y terapéutica, y un seguimiento real de los procesos. “Hay que trabajar con la familia, con el entorno. Mostrar que otra vida es posible desde el primer día que alguien entra a prisión”, sostuvo.
Barrera concluyó con un llamado a la empatía y a la transformación cultural. “Tenemos que concientizarnos de que somos todos iguales. Algún día esas personas van a salir y van a vivir entre nosotros. Si no les mostramos otra forma de vida desde ahora, no podemos esperar que cambien después”, concluyó.
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