Estudios oficiales señalan que Uruguay tiene una gran capacidad productiva, que genera alimentos suficientes para alimentar a unas 30 millones de personas, pero que, sin embargo, existe inseguridad alimentaria en sectores de la población.
En la reciente presentación de la Rendición de Cuentas del Instituto Nacional de Alimentación(INDA) del Ministerio de Desarrollo Social, su presidenta, Micaela Melgar, retomó este diagnóstico con datos actualizados y el foco puesto en que el problema central no es la producción, ni la disponibilidad física de alimentos, sino el acceso económico a los mismos.
Según la escala FIES (metodología recomendada por la FAO para medir inseguridad alimentaria) Uruguay enfrenta niveles estables de inseguridad alimentaria en los últimos años. Pero los números varían drásticamente según los grupos socioeconómicos. En el quintil más bajo de ingresos (20% más pobre), el 33% de los hogares ha experimentado inseguridad alimentaria moderada o grave en los últimos 12 meses.
En contraste, la cifra general ronda el 13,2%. El fenómeno se acentúa en hogares con menores de 6 y 18 años.
“Uruguay no tiene problemas de disponibilidad de alimentos, pero sí de acceso económico”, señaló Melgar. El país produce carne, frutas y verduras en abundancia, pero quienes no pueden comprarlas quedan excluidos de una alimentación adecuada.
El INDA es, por ley, el rector de la política alimentaria en Uruguay, con responsabilidades que van más allá de la distribución de viandas. Administra el Sistema Nacional de Comedores, con más de 60 espacios distribuidos en todo el país, que atienden a más de 26.000 personas. Considerando todos sus programas, el Instituto alcanza a 82.000 personas.
Es uno de los principales compradores de alimentos del Estado, especialmente de la agricultura familiar y la pesca artesanal, destinando estos productos a servicios de alimentación pública y comunitaria.
Melgar destacó la importancia de fortalecer los circuitos cortos de comercialización y trabajar con todos los actores del sistema alimentario como productores, servicios de alimentación, organismos públicos y sociedad civil.
Más allá de los ingresos, existen otros factores que afectan la calidad de la alimentación. Menos del 20% de los uruguayos consume la cantidad recomendada de frutas y verduras (cinco porciones diarias), según estudios del INDA. Hay barrios urbanos y zonas rurales donde la variedad de alimentos frescos es limitada.
Además, se observan brechas importantes entre la región metropolitana y el interior, donde la inseguridad alimentaria es más pronunciada.
Uno de los ejes de futuro que planteó Melgar es la necesidad urgente de una ley marco de derecho a la alimentación en Uruguay. A diferencia de otros países, el país no cuenta con legislación nacional que garantice este derecho como marco de políticas públicas coordinadas.
“El derecho a la alimentación no puede depender de decisiones administrativas discontinuas; necesitamos una ley que estructure y dé coherencia a estas políticas”, afirmó.
Entre las prioridades del INDA para el próximo año se destaca ampliar las compras públicas a la agricultura familiar y pesca artesanal, extender y diversificar los servicios de alimentación colectiva, con atención especial a programas comunitarios, e incorporar factores sociales y productivos en los comedores, potenciando cooperativas y emprendimientos con impacto social.
A su vez, es fundamental, señaló, focalizar acciones en niños, adolescentes y mujeres embarazadas o en lactancia, grupos especialmente vulnerables.
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