El gobierno presentó esta semana un paquete de medidas orientadas a mejorar la competitividad y el clima de negocios, con foco en reducir costos y burocracia en el comercio exterior.
Los anuncios fueron realizados por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y se enmarcan en una estrategia más amplia que incluirá un proyecto de ley de competitividad e innovación previsto para fines de mayo.
Según estimaciones oficiales, las medidas podrían generar un ahorro de unos 20 millones de dólares anuales para el sector privado.
El paquete apunta principalmente a simplificar procesos vinculados a las importaciones, bajo la premisa de mejorar la eficiencia sin avanzar hacia una desregulación general.
Controles ex post de la DGI: se elimina el control previo en operaciones de comercio exterior y se pasa a fiscalizaciones posteriores, con el objetivo de reducir tiempos y costos administrativos.
Digitalización total: se elimina la obligación de conservar documentación en papel durante cinco años, avanzando hacia trámites completamente electrónicos.
Facilidades financieras: los importadores podrán pagar tributos hasta 30 días después de retirar la mercadería, lo que mejora la liquidez, especialmente para pymes.
Reducción de costos logísticos: se eliminan algunos dispositivos y requisitos aduaneros que encarecen las operaciones.
Además, el gobierno abrió una convocatoria pública por 30 días para recibir propuestas de cámaras empresariales, sindicatos y otros actores.
La economista Déborah Eilender, del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), valoró positivamente la orientación de las medidas, aunque advirtió que su impacto será acotado.
Según explicó, Uruguay presenta niveles de precios significativamente más altos que otros países comparables, en buena medida por factores regulatorios.
“Somos un país caro no necesariamente por escala, sino por falta de competencia y por regulaciones que terminan funcionando como barreras de entrada”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que muchas normas, diseñadas originalmente para garantizar calidad y seguridad, terminan restringiendo la competencia y encareciendo los productos desde su ingreso al país.
A pesar de la valoración positiva, Eilender advirtió que las medidas difícilmente generen cambios significativos en los precios al consumidor.
El propio Ministerio de Economía estima un ahorro moderado, y desde el sector empresarial también consideran que el impacto será menor al esperado.
“Van en la dirección correcta, pero el efecto va a ser acotado, tanto en costos como en precios”, afirmó.
Además, señaló que el bajo impacto esperado limita también su capacidad de dinamizar el consumo o la actividad económica.
Para lograr resultados más contundentes, la economista planteó la necesidad de avanzar en reformas específicas por sector. Puso como ejemplo los productos de higiene personal, que requieren habilitaciones del Ministerio de Salud Pública. En esos casos, exigencias como la ficha técnica pueden derivar, en la práctica, en mercados con pocos importadores.
“No hay una ley que limite la competencia, pero la regulación genera barreras que terminan reduciendo la cantidad de empresas que pueden importar”, explicó.
El paquete anunciado forma parte de una agenda más amplia del gobierno en materia de competitividad. En las próximas semanas se espera el envío al Parlamento de un proyecto de ley que aborde de forma más integral la innovación y el clima de negocios.
Mientras tanto, el foco estará puesto en el proceso de consulta abierto y en la posibilidad de incorporar nuevas medidas que profundicen los cambios.
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