El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó en febrero el primer Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) oficial de Uruguay. Entre los datos se destaca que el 18,9% de la población vive en hogares con privaciones en al menos cuatro de 15 indicadores medidos en cinco dimensiones. Es decir, casi uno de cada cinco uruguayos está afectado por carencias que van más allá de los ingresos.
Este nuevo indicador puede transformarse en una herramienta clave de política pública, siempre que el Estado lo utilice como tablero de control y no quede archivado en informes técnicos.
Tradicionalmente, la pobreza se calculaba por ingresos, es decir, un hogar es pobre si no alcanza a cubrir una canasta básica de alimentos y servicios. El IPM va más allá y evalúa 15 indicadores agrupados en cinco dimensiones: educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, empleo y protección social.
Se consideran, por ejemplo, si un hogar vive en una vivienda con materialidad precaria, si los adultos completaron la educación media, si hay trabajo informal, si se dispone de saneamiento o agua segura.
En su columna en Informativo Carve de Cierre, Diego Aboal, exdirector del INE y experto en políticas públicas, dijo que el IPM “permite saber no sólo cuántos son pobres, sino en qué lo son”. Esa diferencia es lo que lo convierte en una brújula para la acción.
La publicación del índice dejó varios datos de fondo como la incidencia nacional, es decir, el 18,9% de la población es pobre multidimensional. Son unas 660.000 personas. También la existencia de una brecha territorial. La pobreza es más alta en el interior (21,4%) que en Montevideo (15,1%).
Además, hay carencias principales como la insuficiencia educativa, la informalidad laboral y viviendas precarias.
El informe también mostró una fuerte “infantilización” de la pobreza. Un tercio de los niños nace en hogares pobres. En paralelo, Uruguay enfrenta un proceso de envejecimiento acelerado. Hoy, cada 100 personas en edad activa sostienen a 50 inactivas; en 40 años deberán sostener a 80. Si los niños de hoy crecen sin educación suficiente ni empleo formal, el equilibrio demográfico y fiscal del país se vuelve aún más frágil.
En los últimos meses se publicaron columnas sobre trabajo infantil, inseguridad alimentaria o informalidad laboral. Todos estos fenómenos remiten, en el fondo, al mismo núcleo: la pobreza.
Un ejemplo claro es que, pertenecer a un hogar pobre triplica la probabilidad de que un niño trabaje en comparación con uno del quintil más alto de ingresos. Algo similar ocurre con la malnutrición y con la inseguridad alimentaria. Y en los departamentos del norte (Artigas, Rivera y Cerro Largo), donde la informalidad laboral se concentra, es donde más pobreza multidimensional existe.
Aboal sostuvo que “la pobreza está en la base de la mayor parte de los problemas sociales que podemos mirar desde distintos ángulos”. En países como México, Colombia o Costa Rica, el IPM se utiliza como tablero de control de la acción estatal. Esto permite ubicar dónde están los hogares con carencias específicas. Por ejemplo, si la mayor privación es en viviendas precarias, la intervención se concentra en asentamientos irregulares.
También priorizar las necesidades presupuestales. Los recursos se asignan a ministerios según indicadores críticos. Si la mayor carencia es educativa, la ANEP recibe refuerzos para programas de culminación del ciclo medio, en cambio, si el problema es de saneamiento, el foco debería estar en OSE.
Además, como el IPM se mide anualmente, se puede verificar si las políticas dan resultado.
A su vez, Aboal indicó que existen desafíos de cara al Presupuesto. Resaltó que todo nuevo gobierno tiene apenas seis meses entre su asunción y la presentación del presupuesto quinquenal, lo que es escaso para un rediseño profundo, pero sí alcanza para atar refuerzos y reasignaciones presupuestales a metas del IPM.
Un ejemplo práctico es condicionar los recursos adicionales que soliciten los ministerios al cumplimiento de objetivos claros en los indicadores del IPM. Vivienda podría recibir fondos extra a cambio de reducir en determinado porcentaje las viviendas con pisos de tierra; ANEP, para mejorar la culminación del ciclo medio en adultos.
El uso del IPM tiene un valor adicional, ya que, no sólo permite una gestión más eficaz, también genera rédito político.
Escuchá la columna completa.
En Soundcloud:
En Spotify:
