El gobierno de Javier Milei enfrenta una de las crisis políticas más serias desde su asunción, tras la denuncia de presuntos sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. La causa involucra al propio presidente, a su hermana Karina Milei, al subsecretario de la Presidencia Eduardo “Lule” Menem y a empresarios vinculados a la droguería Suizo Argentina.
La investigación judicial se disparó a partir de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Discapacidad y abogado personal de Milei, en los que se mencionan coimas que habrían alcanzado hasta un 8% destinadas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Lule Menem, armador político de La Libertad Avanza.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió al gobierno ante la Cámara de Diputados asegurando que se trata de “una operación política” en vísperas de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Tanto el mandatario como su hermana evitaron pronunciamientos públicos, aunque el presidente generó polémica al afirmar que “los kirchneristas están molestos porque les estamos afanando los choreos”, frase interpretada por muchos como un lapsus que reconocía prácticas corruptas.
La única señal pública de Milei sobre el tema fue un reposteo en su cuenta de X de un comunicado de la droguería Suizo Argentina, que se puso a disposición de la Justicia.
En tanto, la Justicia avanza con allanamientos, casi 20 en los últimos días, en barrios exclusivos como Nordelta, donde residen empresarios ligados a la droguería. Llamó la atención el crecimiento exponencial de las compras directas del Estado a esa firma, pasaron de 3.000 millones de pesos a 108.000 millones en pocos meses, sin licitación mediante.
En paralelo, se analiza la información obtenida de los celulares de Spanuolo. Aunque se constató que ingresó en decenas de oportunidades a la Casa Rosada y a la residencia de Olivos, no figuran chats con Milei ni con su hermana, lo que hace presumir a los investigadores que habrían sido borrados.
El escándalo se desarrolla en medio de un calendario electoral cargado, que son las elecciones provinciales en Buenos Aires, que se llevarán adelante el 7 de septiembre, y los comicios legislativos, que serán el 26 de octubre. En un clima político enrarecido, el caso pone bajo presión a un gobierno que enfrenta además un delicado escenario económico y un riesgo país en alza.
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