Alejandro Montes de Oca, abogado, experto global en prevención del lavado de activos y asesor internacional, que ha desarrollado la evaluación nacional de riesgo en Uruguay por lavado de activos y financiamiento de terrorismo, se refirió a este asunto en Informativo Carve del Mediodía.
Habló de cómo está Uruguay en la materia, qué se está haciendo para mejorar y cuál es el plan para futuro.
En un mundo cada vez más globalizado y dinámico, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad para los países. Uruguay, como miembro activo de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desarrollado en los últimos años evaluaciones nacionales de riesgo para diseñar políticas efectivas en esta materia.
Según Montes de Oca, Uruguay ha realizado cuatro evaluaciones nacionales de riesgo, en 2010, 2014, 2022 y 2023. Estas son indispensables para entender las amenazas vigentes y adaptar las políticas a un contexto en constante cambio.
En el proceso participan representantes de organismos públicos como la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaf), el Banco Central, la Fiscalía, la Policía, la Dirección General Impositiva y el Poder Judicial, así como actores privados que deben cumplir con controles para detectar operaciones sospechosas, incluyendo bancos, inmobiliarias, escribanos y abogados.
El resultado de este análisis permite formular una Estrategia Nacional contra el lavado de activos, que en 2023 fue elaborada tras un amplio consenso técnico y que se espera sea aprobada próximamente por las autoridades actuales, luego de algunas modificaciones menores.
Lo que hace valioso este documento es que trasciende gobiernos y partidos políticos, ya que se construye con participación técnica y con sectores públicos y privados que permanecen más allá de las administraciones. Montes de Oca destacó que “el documento mantiene su validez y será ratificado porque marca una línea de acción que se considera política de Estado”.
La estrategia contiene alrededor de 30 objetivos y más de 120 medidas, que van desde la implementación de controles preventivos, la capacitación y dotación de recursos humanos y tecnológicos, hasta la cooperación interinstitucional. Sin embargo, el principal problema es la falta de recursos asignados para llevar adelante estas políticas, lo que explica los pocos resultados concretos en investigaciones y condenas por lavado de activos.
El experto subrayó la importancia de fortalecer la fiscalía especializada en lavado de activos, pero advierte que sin recursos y sin que esta asuma la investigación de delitos precedentes como narcotráfico, contrabando, trata de personas y corrupción, no se logrará avanzar significativamente. Por ejemplo, el caso “Conexión Ganadera” reveló riesgos no previstos en evaluaciones anteriores, mostrando que el sistema aún no detecta ciertos sectores vulnerables.
Además, Montes de Oca criticó la percepción autocomplaciente que existe en Uruguay respecto a la corrupción y el lavado, una actitud que, a su juicio, pone al país con “las defensas bajas” frente a amenazas crecientes y cada vez más internacionalizadas.
Uno de los temas más delicados es la posible inclusión de Uruguay en la llamada “lista gris” del GAFI, donde ya figuran países de América Latina como Venezuela y Haití. Esta categoría implica “monitoreo intensificado”, un estigma que afecta la confianza internacional, encarece transacciones financieras y comerciales, y obliga a los operadores económicos a exigir mayores controles para trabajar con Uruguay.
Montes de Oca advirtó que, de no mostrar avances concretos en la implementación de la estrategia y en la efectividad de la lucha contra el lavado, Uruguay corre un serio riesgo de ingresar a esta lista, lo que podría generar un impacto negativo en su economía y reputación internacional.
La próxima evaluación internacional a Uruguay está prevista para 2030, pero el trabajo debe comenzar de inmediato. La estrategia nacional es un paso positivo, pero “se tiene que aplicar, se tiene que implementar y demostrar resultados en investigaciones, enjuiciamientos, condenas, incautaciones y decomisos”, concluyó Montes de Oca.
El desafío es fortalecer las capacidades institucionales, asignar recursos adecuados y romper con la cultura de autocomplacencia para proteger la integridad del sistema financiero y la economía uruguaya, y así evitar quedar relegados en un contexto internacional cada vez más exigente.
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