En Uruguay, la dispersión geográfica de los presos genera una problemática adicional para la rehabilitación y para sus vínculos familiares. Así lo denuncia el grupo Reencuentro, conformado por decenas de familias de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, que reclaman el acercamiento de sus seres queridos privados de libertad a sus lugares de origen.
Luis Mendietta, uno de los voceros del colectivo, explicó que muchos presos que cometieron delitos en sus departamentos han sido trasladados a cárceles del sur del país, a cientos de kilómetros de sus hogares, lo que rompe el contacto con sus familias.
“Entendemos que, más allá de haber cometido un delito, hay derechos fundamentales que no desaparecen. Entre ellos, el derecho al acercamiento familiar”, señaló en entrevista radial.
Mendietta recordó que ese derecho está contemplado en la Ley 14.447, que establece que las personas privadas de libertad tienen derecho a ser visitadas por sus familiares. Sin embargo, cuestionó que decisiones administrativas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y de direcciones carcelarias están vulnerando ese principio.
“Ese tipo de gestiones no rehabilita a nadie. Las familias también pasan a ser rehenes del sistema”, sostuvo.
Actualmente, el grupo Reencuentro ha presentado cerca de 50 solicitudes formales de traslado para facilitar las visitas familiares. Según Mendietta, muchas de las familias afectadas tienen escasos recursos y viven del trabajo rural o de changas, por lo que afrontar viajes de más de 500 kilómetros resulta inviable.
“Se trata de personas humildes, trabajadoras, a las que se les hace muy difícil mantener el vínculo con sus seres queridos presos”, explicó.
El reclamo no apunta a trasladar a personas que cometieron delitos en el sur hacia el norte por ser oriundos de allí, sino a quienes delinquieron en sus propios departamentos y luego fueron enviados lejos sin justificación clara.
“Hay presos de Montevideo trasladados a Rivera, y al mismo tiempo, presos de Rivera enviados a Montevideo. Es contradictorio”, afirmó Mendietta.
El grupo pide al INR que revise estos traslados, priorizando el objetivo de la rehabilitación y el respeto por los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familias.
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